Elena González (ASDAE): “No queremos un mercado de CAEs subvencionado, queremos un mercado ágil”

El sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) ha pasado en apenas dos años de ser un mecanismo desconocido a rozar sus objetivos anuales gracias al impulso del mercado. En 2025, los Sujetos Delegados gestionaron cerca del 70% de los expedientes y más del 50% del ahorro energético certificado, según destaca Elena González, presidenta de ASDAE, la asociación que agrupa a estos actores clave del sistema, a El Periódico de la Energía.

“El 2024 fue el año de la siembra y el 2025 el de la cosecha”, resume González. Sin embargo, advierte de que el crecimiento acelerado del mecanismo exige una adaptación operativa inmediata. “No queremos un mercado de CAEs subvencionado, queremos un mercado ágil”, afirma.

De la cultura de la subvención al modelo de mercado

La evolución del CAE, explica, se enmarca en un cambio más amplio en la política energética europea: de objetivos no vinculantes a obligaciones concretas para los Estados miembros. España, sostiene, no comenzó a desplegar políticas de impacto real en eficiencia energética hasta que esas metas fueron obligatorias y con penalizaciones asociadas.

En ese contexto, el modelo de mercado del CAE supone, a su juicio, un punto de inflexión frente al esquema tradicional de subvenciones gestionado a través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

“Las subvenciones deben servir para impulsar tecnologías o para dar a conocer soluciones, pero no pueden ser permanentes. El mercado genera continuidad y profesionalización”, señala. El sistema de certificados convierte el ahorro energético en un activo económico que puede comprarse y venderse, incentivando inversiones sin depender de convocatorias intermitentes.

El papel central de los Sujetos Delegados

En el diseño del sistema, los sujetos obligados —principalmente comercializadoras de gas, electricidad y productos petrolíferos— deben acreditar anualmente un volumen determinado de ahorro energético. Los Sujetos Delegados actúan como intermediarios especializados: identifican proyectos, cuantifican el ahorro, lo transforman en certificado y lo comercializan.

“Sin el Sujeto Delegado no existiría este mercado”, afirma González. “El usuario final tiene el ahorro, pero el certificado —que es lo que se compra y vende— lo crea el delegado” añade.

Según los datos manejados por la asociación, los delegados no solo concentran la mayoría de los expedientes, sino también más de la mitad del volumen total de ahorro emitido en 2025, lo que, a su juicio, demuestra su papel estructural en la fiabilidad y eficiencia del sistema.

Crecimiento exponencial tras el escepticismo inicial

El arranque del mecanismo estuvo marcado por el desconocimiento. A mediados de 2024 apenas se habían emitido 70 GWh frente a un objetivo cercano a los 1.800 GWh. Sin embargo, en los últimos meses del año se produjo una avalancha de expedientes que permitió cerrar el ejercicio en torno a 1.400-1.500 GWh.

“Había que explicar a las empresas que podían vender sus ahorros y recibir dinero por ello. Cuando empezaron a cobrar, el escepticismo desapareció”, explica.

El contexto energético también ha sido determinante. La volatilidad de precios tras la guerra de Ucrania en 2022 multiplicó la factura energética y aceleró el cambio de mentalidad empresarial: “Ya no basta con negociar el precio del kilovatio hora; hay que reducir el consumo” explica.

Pese al éxito del mercado, ASDAE identifica dos grandes frenos: la emisión manual de los certificados y la tramitación de las transmisiones necesarias para venderlos al sujeto obligado.

Cada kilovatio hora ahorrado debe recibir un identificador oficial antes de convertirse en certificado comercializable. En periodos de alta demanda, especialmente al cierre del ejercicio, los plazos pueden dilatarse varios meses.

“Un trámite que debería ser automático está llevando 60 o 90 días, e incluso más”, denuncia González. Esta situación tensiona la tesorería de los delegados, que pagan al cliente final antes de poder facturar al obligado. “Si los plazos se alargan, parte del valor del ahorro acaba en la financiación bancaria”, añade.

Con objetivos que podrían acercarse a los 9.000 GWh en 2026, la presidenta de ASDAE considera inviable mantener un sistema “artesanal” y reclama digitalización integral del registro y de las transmisiones.

Verificación y necesidad de profesionales

Otro riesgo potencial es la escasez de verificadores especializados. Actualmente existen alrededor de una decena de empresas dedicadas a esta función, frente a unos 60 Sujetos Delegados y más de 300 comercializadoras.

La falta de especialización en algunos casos ha provocado que gestores autonómicos asuman tareas adicionales de comprobación, generando solapamientos y posibles retrasos.

“El sector necesita más perfiles técnicos en eficiencia energética y verificación. Es una oportunidad de desarrollo profesional y de fortalecimiento industrial”, subraya.

Hasta ahora, la industria concentra la mayoría del ahorro certificado, debido a su elevado peso energético. No obstante, el reto de 2026 será extender el mecanismo a sectores masivos como el residencial y las pymes.

El ejemplo de Castilla y León, que lidera en número de expedientes gracias a actuaciones de aislamiento térmico, demuestra el potencial del segmento doméstico. Sin embargo, González advierte de que los actuales costes documentales y de verificación dificultan la viabilidad económica de proyectos pequeños.

“Si no simplificamos procedimientos y automatizamos, el residencial no podrá despegar de forma masiva”, afirma.

Una asociación técnica para mejorar el sistema

ASDAE se constituyó en mayo de 2024, tras el primer año de funcionamiento del CAE, con la vocación de actuar como grupo de trabajo técnico. Actualmente agrupa a 18 empresas —aproximadamente el 30% de las licencias— y, según su presidenta, concentra a los actores más activos del mercado.

La asociación ha presentado un decálogo de prioridades que incluye la automatización de procesos, la agilización de transmisiones, la exigencia de solvencia técnica homogénea y la adaptación del sistema a proyectos de menor tamaño.

González descarta, por ahora, una integración europea plena del sistema, al considerar que los objetivos de eficiencia deben materializarse en cada país para reforzar su competitividad.

“El objetivo no es comprar eficiencia fuera, sino que nuestras empresas sean más competitivas consumiendo menos energía”, concluye.

Con el mercado ya consolidado y la respuesta empresarial demostrada, el futuro del CAE dependerá, en gran medida, de la capacidad de la administración para acompañar el ritmo de crecimiento. “El sistema funciona. Ahora necesita agilidad” concluye.