Endesa ha solicitado la devolución de los 208 millones de euros que abonó en 2023 en concepto del impuesto temporal a la actividad no regulada de las grandes energéticas en España al impugnar las autoliquidaciones presentadas durante el pasado ejercicio.
Así lo recoge el informe financiero anual de la compañía, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con motivo de la publicación de resultados, donde se recuerda que Endesa -que este año también tendrá que pagar más de 200 millones por el mismo concepto- además recurrió la propia normativa hace un año ante la Audiencia Nacional.
El impuesto a las energéticas, según Endesa
Desde el punto de vista de la energética, esta prestación patrimonial, que grava las ventas con un tipo del 1,2%, a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España, es contraria a la normativa europea y nacional.
Al margen del recurso individual, al que se suma el interpuesto junto a Iberdrola y la portuguesa EDP bajo el paraguas de la patronal eléctrica Aelec, Endesa ha "autoimpugnado" las autoliquidaciones presentadas en 2023, solicitando una devolución de 208 millones, junto con los intereses de demora correspondientes.
La empresa redujo el año pasado un 71% su beneficio neto, hasta los 742 millones, impactada por el laudo que le obliga a pagar 530 millones a un productor de gas natural licuado (GNL) y por el descenso del margen del negocio de gas, que obtuvo un extraordinario resultado en 2022 por los altos precios.
Asimismo, pasaron factura la minoración que introdujo el 'clawback' aprobado por el Gobierno para limitar el precio de la venta de la energía que producen las plantas que no usan gas, y el citado gravamen, temporal y extraordinario.
Otros 200 millones más este año
Durante la presentación a la prensa de los resultados, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, se ha referido a este gravamen extraordinario a las energéticas, por el que la empresa cree que este año deberá abonar a las arcas públicas 202 millones, de los que ya ha hecho una primera liquidación de 101 millones.
Concretamente, y respecto a la intención del Gobierno de minorar en el pago de este impuesto, Bogas ha manifestado que es algo que va en la dirección correcta, aunque ha apuntado que el Ejecutivo trata de "hacer bueno" algo que es "malo" y ha insistido en que grava los ingresos, no los beneficios, lo que podría provocar la paradoja de que se tuviera que pagar aun teniendo pérdidas.
"Somos contrarios a que se mantenga ese impuesto y no creo que tenga ningún sentido su carácter sostenido en el tiempo", ha dicho Bogas, y ha añadido que "se tiene que quitar".
No obstante, ha manifestado que habrá que ver qué modulación en función de las inversiones en energías verdes introduce el Gobierno, pues en cualquier caso la inversión tendrá que ser rentable.
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios