Paripé. Esa es la palabra en la que coinciden tanto Unidos Podemos como Ciudadanos para describir el pacto al que han llegado PP y PSOE para paliar la pobreza energética. No han podido disimular su indignación al no poder salir en la foto.
"Nos hemos enterado por la prensa el pacto entre PP y PSOE sin contar con otros grupos parlamentarios, un pacto secreto que es un 'chanchullo' entre dos partidos que dan la espalda al Parlamento", dice Unidos Podemos sobre el Real Decreto Ley que obligará a evitar el corte de suministro a los hogares vulnerables, "y además no se ha tomado ninguna medida importante para paliar este drama".
"Es cierto que los representantes de las élites económicas están empezando a ceder pero se están rebajando las demandas de las organizaciones sociales y los planteamientos acordados en sede parlamentaria para privilegiar a los intereses del sector energético", añade el diputado Rafael Mayoral, "no puede ser un debate entre dos partidos de siempre, cuyos ministros terminan en el Consejo de Administración de las empresas energéticas".
"En realidad se trata de una gran coalición entre el PP y el PSOE", explica Josep Vendrell portavoz de Energía y miembro de En Comú Podem, "el ministro sabe cuál es nuestra posición y no ha querido tenerla en cuenta porque la pobreza energética se ha convertido en una cuestión política".
"Ciudadanos prefiere no hacerse una foto y sí buscar soluciones, preferimos ser los socios preferentes de los ciudadanos que del PP, y si el ministro no quiere salir con nosotros pues a lo mejor tiene que ver con la moción sobre la eliminación del 'impuesto al sol' que ganamos ayer en el Pleno", aclara la diputada y portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, quien ha acusado a ambos partidos de ejercer un "bipartidismo rancio".
Para ambos grupos parlamentarios, el acuerdo es un "parche" del PP o el "lavado de cara" que busca el PSOE, aunque Ciudadanos ha matizado que "a última hora de ayer enviamos nuestras propuestas al Ministerio de Energía y aunque no obtuvimos ninguna respuesta, esta misma mañana hemos hablado con Nadal y nos ha confirmado que incluirá en el pacto tres de nuestras propuestas: que no se pueda cortar el suministro a familias vulnerables, la definición de consumidor vulnerable y el cálculo de renta con atenuante en función de la situación familiar y personal".
Mientras tanto, los socialistas quieren demostrar así que son _la oposición útil. "L_os socialistas estamos aquí para hacer oposición útil para las personas y familias, lo que quieran hacer otros es su problema", dice su portavoz, Antonio Hernando, "mientras unos nos hemos puesto a trabajar, otros se han puesto a protestar". En definitiva, para el PSOE "es un buen acuerdo en el que las CCAA y los Ayuntamientos a través de la Conferencia de Presidentes podrán participar para desarrollar el reglamento que establecerá el procedimiento”.
Según los datos del ministro de Energía, Álvaro Nadal, existen en España 2,6 millones de hogares en condiciones vulnerables, unos 7 millones de personas, pero el porcentaje de estos que son atendidos por los servicios sociales es menor, rondan las 1.000 familias en ayuntamientos de más de 300.000 habitantes.
El Real Decreto Ley será aprobado con casi toda probabilidad este viernes, en Consejo de Ministros, y tanto PP como PSOE se han comprometido a desarrollar el reglamento en un plazo de tres meses a contar desde su aprobación, por lo que, en palabras de Antonio Hernando, "podría estar ya disponible en marzo".
El nuevo modelo repartirá el coste del bono social y las facturas impagadas de "familias muy vulnerables" entre todas las comercializadoras eléctricas, lo que supone ampliar el número de empresas que deberán pagarlo, aunque la mayor parte seguirá cayendo en las tres grandes -Endesa, Iberdrola y Gas Natural- por su sus cuotas de mercado. El bono estará ligado a criterios de renta.
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