Europa sigue atrapada en una espiral de precios energéticos elevados pese a que la crisis de 2021 y 2022 ya quedó atrás. Los hogares de la Unión Europea continúan pagando la electricidad y, sobre todo, el gas muy por encima de los niveles previos al estallido de la crisis, mientras la lenta implantación de los contratos dinámicos y de los contadores inteligentes impide aprovechar todo el potencial de ahorro que ofrece la transición energética.
Esta es una de las principales conclusiones del nuevo Retail Energy Markets Dashboard presentado por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), una plataforma interactiva que sustituye a las tradicionales fichas nacionales y ofrece una visión comparada de la evolución de los mercados minoristas de electricidad y gas en la Unión Europea y Noruega. El panel reúne indicadores sobre precios, consumo, tipos de contrato, competencia entre comercializadoras, despliegue de tecnologías como los contadores inteligentes y el comportamiento de los consumidores.
840 euros al año por suministro eléctrico
Los datos reflejan que las facturas energéticas siguen lejos de regresar a la normalidad. De media, un hogar europeo destinó en 2025 alrededor de 840 euros al año al suministro eléctrico y unos 1.170 euros al consumo de gas. Aunque los mercados mayoristas han dejado atrás los máximos alcanzados durante la crisis, esa moderación todavía no se ha trasladado plenamente a los consumidores finales, que continúan soportando unos costes energéticos elevados. En el caso del gas, los precios minoristas siguen siendo casi un 70% superiores a los registrados antes de la crisis.
ACER también observa que el consumo doméstico de electricidad y gas vuelve a crecer, aunque de forma moderada. Para la agencia, esta evolución hace aún más necesario que los consumidores dispongan de herramientas que les permitan adaptar su demanda a las condiciones del sistema y aprovechar las horas en las que la energía resulta más barata.
Sin embargo, el mercado minorista europeo continúa dominado por los contratos tradicionales. El 52% de los hogares mantiene contratos de precio fijo y duración determinada, mientras que únicamente un 7% ha optado por contratos con precios dinámicos, que trasladan las variaciones horarias del mercado eléctrico al consumidor. La agencia considera que esta escasa penetración demuestra que Europa sigue desaprovechando un importante potencial de flexibilidad de la demanda, un elemento llamado a desempeñar un papel clave en un sistema eléctrico cada vez más basado en energías renovables.
Despliegue desigual de contadores inteligentes
A esta situación se suma el desigual despliegue de los contadores inteligentes. Actualmente, el 66% de los consumidores domésticos de la UE y Noruega dispone de uno de estos dispositivos, aunque las diferencias entre países siguen siendo muy acusadas. Mientras que en la mayoría de los Estados miembros la implantación supera ya el 80%, en varios países todavía no alcanza el 20%, lo que limita la posibilidad de que millones de consumidores conozcan su consumo en tiempo real y puedan beneficiarse plenamente de tarifas más flexibles.
El regulador europeo recuerda que los mercados minoristas desempeñan un papel esencial en la transición energética por su dimensión. En la actualidad, abarcan más de 270 millones de consumidores de electricidad y más de 90 millones de clientes de gas en la Unión Europea y Noruega. Facilitar que estos usuarios respondan a las señales de precio y modifiquen sus patrones de consumo contribuiría tanto a reducir sus facturas como a integrar una mayor cantidad de generación renovable y disminuir la necesidad de inversiones adicionales en el sistema eléctrico.
El nuevo panel de ACER incorpora información armonizada sobre consumo, precios, gasto anual de los hogares, concentración de mercado, cambios de comercializadora, despliegue de autoconsumo fotovoltaico, bombas de calor, vehículos eléctricos y contadores inteligentes, entre otros indicadores. Para ello combina datos de Eurostat con la información remitida por los reguladores nacionales mediante una metodología común diseñada para facilitar la comparación entre países, aunque la propia agencia advierte de que las diferencias en los sistemas de recopilación de datos obligan a interpretar esas comparaciones con cautela.
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