Ningún comentario La descarbonización de la economía española se ha convertido en uno de los grandes consensos políticos de la última década. Sin embargo, cuando se baja del plano de los objetivos a la realidad de las infraestructuras, la inversión y el consumo energético, el diagnóstico se vuelve mucho más incómodo. Así lo advierte Carlos Albero, Market Area Manager de DNV, en conversación con motivo del informe Spain’s path to decarbonization, un análisis que pone en cuestión la viabilidad del actual rumbo energético del país si no se corrigen desequilibrios estructurales.
“El hallazgo más incómodo es que, con las tendencias actuales, la descarbonización total en 2050 no es posible”, afirma Albero sin rodeos. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, añade, está “en serio riesgo” de no cumplirse. No por falta de ambición, sino por un enfoque desequilibrado que ha priorizado la generación renovable sin resolver los cuellos de botella que impiden que esa energía se convierta en motor real de transformación económica.
España ha hecho bien los deberes en generación. El mix eléctrico está hoy altamente descarbonizado y el despliegue de fotovoltaica y eólica ha sido vertiginoso. El problema es otro. La demanda eléctrica del país apenas ha crecido en dos décadas. “Tenemos prácticamente la misma demanda hoy que en 2003”, señala Albero, una anomalía que evidencia que la electrificación de la economía no está ocurriendo al ritmo necesario .
La clave, insiste, no está ya solo en producir electricidad limpia, sino en crear las condiciones para consumirla. Eso implica desbloquear permisos, reforzar redes, facilitar el acceso a potencia y, sobre todo, abaratar y estabilizar el coste de la electricidad para la industria. Sin demanda, advierte, las el sistema queda sin uno de sus pilares principales.
Mayor flexibilidad
La brecha entre los objetivos políticos y la realidad de la planificación energética es, a juicio de DNV, evidente. A mitad del periodo del PNIEC, los problemas persisten: almacenamiento que no despega por falta de regulación clara, redes saturadas que impiden nuevas conexiones y mercados eléctricos que no garantizan rentabilidad a largo plazo. La rápida expansión de la fotovoltaica, con precios capturados cada vez más bajos, ha tensionado un sistema que debe de evolucionar al mismo ritmo en flexibilidad y gestionabilidad .
Aun así, Albero rechaza la idea de que el éxito renovable sea un problema. “Es un beneficio claro”, subraya, visible cada vez que el viento o el sol bajan los precios del mercado. El reto está en gestionarlo. Y ahí el almacenamiento emerge como pieza central del sistema futuro, tanto para absorber excedentes de generación como para modular la demanda. “Con un 70% de energías variables, el almacenamiento deja de ser opcional”, explica.
El desbalance actual no responde a un error de diseño, sino a una asimetría en los tiempos. Las renovables tenían un camino regulatorio claro; la demanda y el almacenamiento, no. Ahora el reto es reequilibrar las tres patas del sistema sin frenar la transición.
El papel de la industria
En este contexto, la industria aparece como actor decisivo y, al mismo tiempo, vulnerable. Sectores intensivos en calor pueden electrificarse en buena parte, pero chocan con redes saturadas para suministrar la potencia necesaria. Casos como el de la industria cerámica ilustran el problema: procesos más eficientes desde el punto de vista eléctrico que no pueden implantarse por falta de capacidad de conexión. “Si no se hace de forma ordenada, habrá industrias que no puedan descarbonizarse o directamente no puedan implantarse”, advierte Albero .
Donde la electrificación no es viable al cien por cien, entran en juego otras soluciones. El hidrógeno verde, aunque todavía escala limitada, tiene un recorrido claro en sectores como la aviación y el transporte marítimo. No como sustituto total del gas, sino como vector estratégico en usos específicos. El cuello de botella, reconoce Albero, no es tecnológico, sino de escala y de apoyo a los primeros proyectos.
Algo similar ocurre con la captura de CO2, un gran ausente en el PNIEC. Para industrias como el cemento o el acero, será una herramienta imprescindible. Con un precio del carbono cercano a los 80 euros por tonelada, el secuestro empieza a ser económicamente viable y, según DNV, será una opción prioritaria en los próximos cinco años para cumplir con las exigencias europeas .
El transporte sigue siendo el gran foco de emisiones. Aquí el freno no es la tecnología, sino la infraestructura. Los vehículos eléctricos ya compiten en precio y costes operativos, pero la falta de red de recarga sigue generando inseguridad al usuario. “Es una cuestión de certidumbre”, resume Albero. Lo mismo ocurre con el transporte pesado y de mercancías, donde la electrificación llegará de la mano de redes más robustas y cargadores de muy alta potencia.
Todo ello remite a un mismo punto: las redes. Para DNV, el reajuste de la hoja de ruta energética pasa, antes que nada, por invertir en transporte y distribución eléctrica. Solo después tiene sentido acelerar la demanda y seguir impulsando renovables con trámites más ágiles y soluciones híbridas que optimicen las interconexiones existentes.
La aceptación social
El informe subraya además un factor a menudo infravalorado: la aceptación social. Los proyectos energéticos, recuerda Albero, conviven durante décadas con los territorios. Sin información, participación y beneficios tangibles para las comunidades locales, la oposición social puede convertirse en un freno tan poderoso como cualquier barrera técnica.
El mensaje final es claro y deliberadamente provocador. “No estamos hablando tan solo de una transición climática, sino de una transición económica”, afirma Albero. La energía es el vector que determinará la competitividad futura del país. España tiene una oportunidad única gracias a su potencial renovable, pero desaprovecharla supondría renunciar a uno de los diferenciales estratégicos en un contexto global cada vez más exigente.
“Sin una energía limpia, barata y estable, estaremos perdiendo una carta que no podemos permitirnos no jugar”, concluye. Un aviso que el informe de DNV deja negro sobre blanco y que interpela directamente a reguladores, inversores e industria.
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