La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha celebrado el acuerdo alcanzado por los Estados de la Unión Europea (UE) para incrementar la ambición climática y reducir así las emisiones de CO2 un 55 % en 2030, con relación al nivel de 1990.
Tras el Consejo Europeo de Medio Ambiente celebrado esta madrugada en Luxemburgo, Ribera ha avanzado que los textos aprobados son "clave" para mandar una señal adecuada a los actores económicos y sociales, avanzar en la descarbonización de la economía y asegurar una transición ecológica justa para todos.
La posición de Europa con las emisiones
Los socios comunitarios han remitido una batería de expedientes del paquete legislativo "Fit for 55%" al Parlamento Europeo que incluye la revisión del comercio de derechos de emisión, el reparto de esfuerzos entre los miembros, las emisiones de Gases de Efecto Invernadero por uso de la tierra y los estándares de CO2 para vehículos comerciales ligeros.
Para España -ha subrayado Ribera en una nota de prensa- ha sido "básico" mantener los mecanismos de protección social ligados a las medidas adoptadas y que permiten reforzar la política climática y asegurar un reparto equitativo de los costes y los beneficios del proceso.
El Consejo de Medio Ambiente ha aprobado la inclusión del transporte terrestre y de la edificación en el comercio de CO2, para asegurar que la inclusión de estos dos sectores no tenga un impacto social indeseado.
Este objetivo se consigue con el nuevo Fondo Social para el Clima, que aportará cobertura a los hogares vulnerables, las Pymes y los usuarios de transporte en zonas rurales y remotas sin acceso a transporte público.
Transición ecológica
La vicepresidenta ha defendido que este Fondo tenga una "dotación económica significativa y un diseño eficaz", para responder a las necesidades de los ciudadanos de un modo ágil y efectivo.
Durante el Consejo se ha revisado el Comercio de Derechos de Emisión de la UE para ajustarla al nuevo objetivo de reducción de emisiones del 55 %, así como la eliminación gradual de la asignación gratuita de derechos a los operadores aéreos y a los sectores sujetos al Mecanismo de Ajuste en Frontera.
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