España ha recusado por supuestos conflictos de intereses a una decena de árbitros del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que estudia conflictos entre el Estado y empresas a cuenta de las renovables por un importe cercano a los 10.000 millones.
En los últimos dos años, la Abogacía del Estado ha solicitado formalmente a este organismo, dependiente del Banco Mundial, que se aparten, al menos, 13 árbitros de nueve procedimientos iniciados a partir de demandas valoradas, según ha adelantado este lunes El Confidencial, en más de 1.600 millones de euros.
A tenor de la información disponible en la página web del Ciadi consultada por Efe, las peticiones de recusación planteadas por España se han incrementado en los últimos meses, y algunas continúan siendo analizadas, caso por caso.
Si bien no existe unanimidad en las resoluciones dictadas hasta la fecha, el Ciadi ha tendido a ratificar la composición de sus tribunales, mientras que otros árbitros han optado por apartarse de los procedimientos tras recibir la solicitud.
¿CÓMO SE TRAMITA LA RECUSACIÓN?
Conforme al reglamento del Ciadi, una parte puede proponer la recusación de uno o varios de los árbitros designados en un procedimiento de arbitraje, alegando siempre sus motivos de forma razonada.
Una vez recibida, el Secretario General del organismo deberá inmediatamente transmitir la propuesta bien al resto de árbitros o al Presidente del Consejo Administrativo, en caso de que la petición vaya dirigida contra la mayoría de los integrantes del tribunal, así como a la parte contraria.
El árbitro recusado podrá plantear sus explicaciones para que los otros miembros las puedan tener en consideración a la hora de votar; mientras tanto, el procedimiento se suspenderá hasta que se tome la decisión.
ESPAÑA, ACTIVA EN EL CIADI
En las últimas semanas, España se ha anotado una importante victoria en el Ciadi, que a mediados de junio anuló el laudo dictado hace tres años en el que se le obligaba a pagar 128 millones de euros más intereses al fondo Eiser Infrastructure por los perjuicios causados por el recorte de las primas a las energías renovables.
A cierre del pasado noviembre, las reclamaciones contra el Estado en tribunales y cortes de arbitraje internacionales por dicha medida, introducida por el Gobierno del PP en 2013, sumaban casi 10.000 millones de euros.
El dato se conocía con motivo de la aprobación por parte del Ejecutivo del real decreto-ley que contenía una oferta para mantenerles la retribución en el 7,398 % o el 7,503 % (dependiendo del tipo de instalación) a cambio de que renunciaran a reclamaciones o compensaciones obtenidas.
Según indicó la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, por entonces había abiertos contra el Reino de España 45 procesos contra la citada reforma de 2013, que afectó a "64.000 plantas".
Además, tribunales y cortes arbitrales habían dado la razón en diez casos a reclamantes que pedían 1.700 millones de euros a España, aunque sólo se les habían reconocido 821 millones, que no habían sido abonados por el Estado al haber presentado procedimientos de rectificación.
No obstante, con posterioridad a la convalidación del real decreto-ley por la Diputación Permanente del Congreso, se conocieron otros arbitrajes favorables a inversores internacionales, como el que obligaba al Estado a pagar cerca de 60 millones a RREEF (el fondo de infraestructuras de Deutsche Bank).
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