España y el dilema Huawei: ciberseguridad, tecnología y riesgo en el corazón del sistema energético

Este reportaje es el primero de una serie que El Periódico de la Energía publicará a lo largo de esta semana para ofrecer las claves sobre lo que está ocurriendo realmente. Hoy explicamos qué ha pasado y cómo se está leyendo en Bruselas y en Madrid. ¿Qué dicen desde industria, instituciones, expertos académicos, y la propia Huawei? Analizamos los escenarios que se abren a partir de ahora.

Un contrato sensible en pleno giro de la UE

La adjudicación del Ministerio del Interior a Huawei se produce en un contexto especialmente delicado. Desde 2023, la Comisión Europea considera que el fabricante chino representa un riesgo materialmente más elevado que otros proveedores de 5G y ha instado a los Estados miembros a aplicar sin retrasos la llamada “caja de herramientas” (toolbox) de ciberseguridad, que permite restringir o excluir a proveedores de “alto riesgo” de las redes críticas.

El expediente español ha sido el primero en el que Bruselas ha vinculado de forma directa un contrato concreto con el riesgo de injerencia, y lo ha hecho precisamente en un terreno (el almacenamiento de escuchas judiciales) donde confluyen cuestiones de ciberseguridad, soberanía tecnológica y cooperación policial internacional. En paralelo, Estados Unidos decidió suspender temporalmente el intercambio de cierta información de inteligencia con España, después de que la CIA hubiera advertido de la posible existencia de “backdoors” en dispositivos de Huawei capaces de facilitar accesos no autorizados a sistemas sensibles.

La inquietud no se limita al ámbito policial. En el sector energético, el caso se interpreta como una señal de que cualquier tecnología de Huawei utilizada en infraestructuras críticas, desde equipos de red hasta inversores o sistemas de gestión, puede entrar en el foco político y regulatorio de un día para otro.

Huawei, fotovoltaica y redes energéticas: mucho más que 5G

En España, Huawei no es solo un proveedor de equipamiento para telecomunicaciones. Tiene una presencia muy relevante en la cadena de valor de las renovables, especialmente en fotovoltaica, donde sus inversores, sistemas de monitorización y soluciones inteligentes de gestión se han extendido tanto en grandes plantas como en instalaciones de autoconsumo. Su tecnología forma parte del día a día de operadores, promotores y fabricantes.

A medida que avanza la digitalización del sistema energético, cada vez más dependiente de redes móviles de alta capacidad, sensores distribuidos, dispositivos conectados y plataformas en la nube, el peso de Huawei adquiere una dimensión sistémica. Baterías que se comunican en tiempo real con el gestor de la red, parques solares y eólicos gestionados a distancia o centros de control que necesitan datos constantes para equilibrar generación y demanda dependen, en buena medida, de la infraestructura 5G y de tecnologías asociadas.

Por eso, el escrutinio actual no afecta solo al contrato de Interior, sino al conjunto del ecosistema tecnológico que Huawei ha desplegado en este sector. Para eléctricas, operadores de renovables y empresas industriales, el interrogante clave es hasta qué punto España puede permitirse reducir su exposición a proveedores chinos sin ralentizar el despliegue de renovables o encarecerlo. Cualquier cambio en la posición europea hacia los proveedores considerados de alto riesgo podría alterar costes, plazos y diseños de proyectos en marcha.

El dilema es si debe asumirse un nivel de riesgo tecnológico para mantener el ritmo de la transición energética, o si la apuesta por la soberanía industrial justifica replantear una dependencia que, hoy, es estructural.

España entre Bruselas, Washington y Pekín

Para entender el trasfondo geopolítico, Miguel Otero, investigador principal del Real Instituto Elcano, recuerda que Huawei “lleva apostando por España más de dos décadas” y que ha mantenido asociacione​s estratégicas con Telefónica y con otros grandes operadores europeos. Durante años, esa normalidad comercial convivió con la idea de que China era un socio económico importante, pero no un enemigo.

“España, a diferencia de otros países, ha mantenido una actitud relativamente abierta hacia China”, explica Otero. “Gobiernos del PP y del PSOE han asumido que se trata de un sistema político distinto, pero no han visto a China como una amenaza directa. La élite política y administrativa ha sido escéptica con la narrativa del espionaje: no hay pruebas de que Huawei haya utilizado su tecnología para sabotaje o filtración de información”.

Esa lectura contrasta con el giro de Washington, que desde la Administración Trump convirtió a Huawei en un símbolo de la competición tecnológica con Pekín. Para Otero, la clave está en que “Estados Unidos ya tiene una estrategia clara de contención frente a China; Europa, y en particular España, no comparten plenamente esa visión”. Aquí, dice, el debate no gira solo en torno a la seguridad, sino en torno a cuánto se desea tensar la relación política con Estados Unidos, la comercial con China y qué coste político y económico se está dispuesto a asumir.

Mapa de la presencia global de Huawei y ZTE en telecomunicaciones

Las empresas chinas han desplegado tecnología 5G, 4G y 3G en gran parte del mundo y mantienen múltiples relaciones tecnológicas con decenas de países. El gráfico muestra dónde sus redes ya están operativas, planificadas o vinculadas a otras actividades como centros de datos, fibra óptica, ciudades inteligentes o laboratorios de I+D.

La posición española tiene, a su juicio, varias capas. La primera es estructural: España es hoy un país más próximo al sur global que a las viejas potencias industriales, con relaciones intensas en Latinoamérica y sin una historia de confrontación con China. La segunda es política e ideológica: un Gobierno que busca proyectar autonomía respecto a Estados Unidos y que incluye fuerzas críticas con la OTAN, lo que refuerza esa sensibilidad. La tercera es normativa: la defensa tradicional del multilateralismo, del derecho internacional y del papel de Naciones Unidas.

Todo ello, según Otero, contribuye a que España empiece a “mostrar criterio propio y a priorizar sus intereses nacionales, igual que hacen Francia o Alemania”. En la transición energética, esa actitud se traduce en pragmatismo: “Si los mejores coches eléctricos o las mejores soluciones fotovoltaicas los fabrican empresas chinas, surge la tentación de aprovecharlo. No se trata de renunciar a la soberanía tecnológica, sino de decidir hasta dónde se lleva la idea de riesgo”, señala.

Cómo se entrelazan el Estado chino y sus gigantes tecnológicos

Uno de los argumentos que más pesa en Bruselas y en varias capitales europeas es la porosa frontera entre Estado, Partido Comunista y grandes empresas chinas. Aunque muchas de ellas se constituyen formalmente como compañías privadas, operan en un entorno donde la autoridad pública marca el paso: se exige la presencia de estructuras del Partido en su interior, se condicionan decisiones estratégicas y se canaliza financiación a proyectos considerados prioritarios.

Ejecutivos de muchas de las empresas más grandes son miembros del partido, incluido el cofundador de Alibaba, Jack Ma, y el fundador de Huawei, Ren Zhengfei, quien fue ingeniero en el Ejército Popular de Liberación durante la Revolución Cultural

En ese contexto, la biografía de figuras como Ren Zhengfei, fundador de Huawei y antiguo ingeniero del Ejército Popular de Liberación durante la Revolución Cultural, se interpreta como un ejemplo de la estrecha imbricación entre élite político-militar y alto empresariado. Tanto él como el cofundador de Alibaba, Jack Ma, son miembros del Partido.

A ello se suma un elemento jurídico clave: la legislación china obliga a empresas como Huawei a cooperar con los servicios de inteligencia si son requeridas. Para los reguladores occidentales, esa obligación legal basta para considerar que el riesgo potencial no puede descartarse, incluso aunque no existan pruebas públicas de espionaje o sabotaje.

Comisión Europea, CNMC y el Gobierno de España

Desde la Comisión Europea, Rüya Perincek, portavoz de Mercado Interno y Estrategia Industrial recuerda que, desde la perspectiva del Reglamento de Subvenciones Extranjeras (FSR), cualquier empresa que haya recibido contribuciones financieras significativas de terceros países y aspire a contratos públicos de más de 250 millones de euros en la UE debe notificarlo. El expediente se analiza, en su caso, a nivel comunitario. En lo que respecta a Huawei, la Comisión confirma que, por ahora, no ha recibido ninguna notificación de este tipo.

Más allá del FSR, Bruselas insiste en el diagnóstico de fondo: “observamos una creciente dependencia de proveedores de alto riesgo no solo en el 5G, sino en otros sectores críticos, lo que genera riesgos de injerencia y puede comprometer la seguridad de la Unión”. La seguridad de las redes 5G, recalcan, se considera “crucial para el funcionamiento de la economía europea”. Por eso, la Comisión sostiene que los Estados miembros pueden y deben aplicar el 5G Toolbox para restringir o excluir a Huawei de sus redes cuando lo consideren necesario, y advierte de que la falta de acción rápida expone a la UE a una dependencia persistente.

Preguntados por la emisión de nuevas instrucciones o instrumentos de contratación pública para los Estados miembro, la Comisión apunta que “las Directrices Políticas 2024-2029 anunciaron una revisión de las Directivas de contratación pública de la UE de 2014. Estamos llevando a cabo una evaluación de estas Directivas para determinar si estas normas funcionan según lo previsto. Una vez finalizada la evaluación, la Comisión considerará medidas y opciones concretas para configurar la nueva propuesta, incluidos aspectos relacionados con la dimensión internacional y la seguridad.”

La CNMC aclara que la investigación mencionada a escala europea no se encuadra en el derecho de la competencia tradicional, sino en el régimen de subvenciones extranjeras, donde la competencia exclusiva es de la Comisión. Las autoridades nacionales solo pueden colaborar en actuaciones concretas de instrucción y únicamente si Bruselas lo solicita. En cuanto a los expedientes que tramita la propia CNMC, el organismo indica que, tras revisar los casos de conductas anticompetitivas en curso, ninguno parece referirse a las prácticas señaladas en relación con Huawei o con fabricantes chinos de renovables.

Desde el Ministerio de Economía y el de Transformación Digital han declinado hacer comentarios sobre este asunto.

Una década de sospechas y conclusiones contradictorias

El caso español se inserta en una larga serie de episodios en los que se ha examinado a Huawei con lupa, muchas veces con resultados ambivalentes. En los últimos años, varias agencias de inteligencia estadounidenses han señalado vulnerabilidades en dispositivos de la compañía y han advertido de la presencia potencial de puertas traseras que permitirían accesos no autorizados.

En 2012, el Gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una revisión de seguridad de 18 meses para determinar si Huawei espiaba para China. Según reveló Reuters, la investigación analizó procesos internos y equipos utilizados por cientos de operadores estadounidenses. El informe no encontró pruebas de espionaje activo, aunque sí identificó vulnerabilidades técnicas que podían suponer riesgos potenciales. Como explicó un funcionario implicado en la investigación: “Habríamos encontrado indicios de filtración si hubieran estado allí”.

En 2022, una investigación de la CNN reveló que el FBI había determinado que equipos de Huawei instalados en torres rurales podían interceptar comunicaciones militares sensibles, incluyendo las del Mando Estratégico responsable del arsenal nuclear. Aunque no se pudo demostrar que hubiera transmisión efectiva de información a Pekín, los analistas concluyeron que la tecnología tenía capacidad para acceder a frecuencias restringidas y que parte de las señales de vídeo de cámaras conectadas a esas redes estaban siendo vistas y almacenadas desde China.

En paralelo a esas advertencias, múltiples investigaciones han concluido que no existían pruebas concluyentes de espionaje. En Europa, el máximo responsable de ciberseguridad de Alemania declaró en 2018 que no había pruebas fiables que justificasen una prohibición absoluta contra Huawei, y la Oficina Federal de Seguridad de la Información reiteró que no había constatado vínculos que permitieran concluir que la compañía actuaba como brazo de los servicios de inteligencia de Pekín.

Expertos como Miguel Otero subrayan que, en el terreno tecnológico, no se han detectado filtraciones ni actos de sabotaje, y que muchos países siguen utilizando sus equipos por su combinación de rendimiento y coste.

El resultado es un escenario profundamente ambiguo: hay capacidad técnica, sospechas, informes contradictorios y una obligación legal para las empresas chinas de colaborar con los servicios de inteligencia de su país, pero no hay, por ahora, pruebas públicas definitivas de que Huawei haya utilizado sus redes para espiar o sabotear infraestructuras occidentales. Esa mezcla de riesgo potencial y ausencia de evidencias firmes es lo que hace especialmente complejo decidir hasta dónde llevar las restricciones y qué hacer con la presencia de la compañía en sectores como el energético.

La serie sobre ciberseguridad y energía continúa: mañana contaremos cómo se posicionan y responden a preguntas clave desde la industria, expertos, críticos, defensores, y la propia Huawei.