ETS2: el nuevo impuesto europeo al CO2 que encarecerá aún más las gasolinas y la calefacción a gas

La Unión Europea está a punto de implementar uno de los cambios más ambiciosos de su política climática: el nuevo Sistema de Comercio de Emisiones para edificios, transporte por carretera y otros sectores adicionales, conocido como ETS2. Esta herramienta, que entrará en vigor en 2027 —con posibilidad de retraso hasta 2028 si se disparan los precios de la energía—, extenderá el mercado europeo de carbono a ámbitos que hasta ahora habían permanecido fuera del régimen existente, como la calefacción residencial y el transporte terrestre.

Con este nuevo esquema, los proveedores de combustibles deberán comprar derechos de emisión por el dióxido de carbono que generen los productos que comercializan. La lógica del sistema se mantiene: una tonelada de CO2 equivalente representa un permiso de emisión. Sin embargo, la novedad del ETS2 es que afecta de forma directa al día a día de millones de ciudadanos, al incidir sobre sectores esenciales para los hogares europeos.

La finalidad de este mecanismo es clara: reducir las emisiones en los sectores cubiertos en un 43% para 2030 respecto a los niveles de 2005. Para ello, se establecerá un tope de emisiones que irá disminuyendo anualmente. Pero los efectos económicos no tardarán en sentirse. Según estimaciones de la Comisión Europea, con un precio base de 48 euros por tonelada de CO2, se calcula un incremento en el precio del combustible de 0,11 euros por litro en la gasolina y 0,13 euros por litro en el diésel. Para el sector residencial, cada aumento de 1 euro en el precio por tonelada de CO2 puede traducirse en un encarecimiento anual medio de la calefacción de 3,1 euros por MWh en el caso del gas, y de 4,1 euros por litro en el caso del gasóleo.

A medida que el precio del carbono escale —como proyectan estudios que estiman hasta 259 euros por tonelada en 2030— el incremento en los precios finales de los combustibles podría superar los 0,50 euros por litro. Este impacto será especialmente agudo en los hogares de menores ingresos, donde el gasto energético representa una parte significativa del presupuesto. Además, el encarecimiento afectará también a pequeñas empresas y consumidores sin acceso inmediato a alternativas como los vehículos eléctricos o la calefacción renovable.

Efecto social regresivo

Consciente del posible efecto social regresivo de esta medida, la Unión Europea ha diseñado el Fondo Social para el Clima (SCF), que movilizará al menos 86.700 millones de euros entre 2026 y 2032. Este fondo se financiará principalmente con los ingresos generados por la subasta de los derechos de emisión del ETS2, y servirá para apoyar a los sectores más vulnerables mediante ayudas directas, inversiones en eficiencia energética, movilidad sostenible y renovación de edificios. Sin embargo, organizaciones sociales y varios Estados miembros han expresado dudas sobre la capacidad real del SCF para compensar los efectos negativos del ETS2 si no se aplica con eficacia, equidad y agilidad.

La dimensión política del ETS2 también está generando tensiones. Aunque todos los Estados miembros debían haber transpuesto la normativa a sus legislaciones nacionales antes de junio de 2024, solo Austria cumplió el plazo. La Comisión Europea ha iniciado procedimientos de infracción contra los países rezagados, mientras que países como Polonia, Chequia y Estonia han solicitado aplazamientos oficiales, alegando razones económicas y sociales.

Reserva de estabilidad

Por otra parte, el sistema contará con una Reserva de Estabilidad del Mercado para evitar fluctuaciones extremas en los precios del carbono. Este mecanismo, aunque útil, presenta limitaciones en su capacidad de respuesta y volumen, lo que genera incertidumbre sobre su eficacia ante posibles picos de precios.

La experiencia internacional refuerza la prudencia. En Canadá, el Gobierno derogó en marzo de 2025 su impuesto al carbono para combustibles tras años de oposición pública, a pesar de que la mayoría de la población recibía más dinero en devoluciones que lo que pagaba en la tasa. El problema no fue financiero, sino comunicativo: los beneficios no fueron comprendidos ni valorados por la ciudadanía, lo que minó el respaldo político a la medida.

La UE busca evitar ese escenario. Para que el ETS2 tenga éxito, será esencial que los gobiernos acompañen la política de precios con medidas de apoyo visibles, una comunicación clara sobre los beneficios del sistema y una planificación socialmente justa de la transición energética. Solo así será posible mantener el respaldo ciudadano y político necesario para sostener un sistema que, si bien implica costos a corto plazo, es clave para asegurar un futuro sostenible.