Europa obligará a los desarrolladores de renovables a reforzar la seguridad de suministro en las nuevas subastas

La Comisión Europea ha aprobado un nuevo reglamento que revolucionará las condiciones para participar en las subastas de energías renovables en la Unión Europea. A partir de ahora, los desarrolladores deberán demostrar no solo la competitividad de sus ofertas en precio, sino también su capacidad para reforzar la seguridad del suministro eléctrico, integrando criterios que valoren la estabilidad de la red y la resiliencia frente a dependencias de terceros países.

El Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1176, publicado este mes, detalla los criterios de preclasificación y adjudicación que deberán aplicar los Estados miembros en al menos el 30% del volumen anual de las subastas o en un mínimo de 6 GW por país. Estos criterios no se basan únicamente en el precio, sino que valoran aspectos como la capacidad técnica y económica del licitador, la sostenibilidad medioambiental, la innovación tecnológica, la circularidad de los materiales y la contribución de los proyectos a la seguridad y resiliencia del suministro energético europeo.

Estabilidad y flexibilidad

Uno de los puntos clave es la inclusión de criterios para valorar la capacidad de los proyectos de energías renovables de contribuir a la estabilidad y flexibilidad del sistema eléctrico. Esto abarca la incorporación de soluciones como almacenamiento de energía, gestión activa de la demanda y la elección de ubicaciones estratégicas que ayuden a aliviar los cuellos de botella en la red. Estas medidas permitirán reducir los costes sistémicos asociados a la congestión de la red y evitar el desperdicio de electricidad renovable.

El reglamento también fija criterios de resiliencia para limitar la dependencia de tecnologías críticas provenientes de países terceros, especialmente China, que en algunas tecnologías supera el 50% de la capacidad de producción mundial. Los licitadores que aseguren un suministro más diversificado de componentes clave recibirán una puntuación más alta, mientras que en ciertos casos se podrá limitar directamente la participación de proyectos que dependan en exceso de un único proveedor extranjero, con el fin de proteger la seguridad energética de la Unión.

Otro aspecto destacado es el requisito de que los licitadores adopten medidas de ciberseguridad avanzadas, incluyendo la elaboración de planes específicos que garanticen la seguridad de los sistemas de redes y de información de las instalaciones de generación renovable. Esta exigencia surge ante el creciente riesgo de ciberataques que podrían afectar la operatividad de infraestructuras críticas, y se extiende a los proveedores de tecnologías de la información vinculados a los proyectos.

Responsabilidad y sostenibilidad

Asimismo, se introduce un criterio obligatorio de conducta empresarial responsable, que obliga a las empresas a ir más allá de los actuales requisitos legales de diligencia debida, adoptando medidas efectivas para prevenir y mitigar impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de toda la cadena de valor. Las empresas deberán además comunicar públicamente estas medidas para garantizar la transparencia. Los pequeños promotores, personas físicas o comunidades de energías renovables con proyectos menores de 10 MW quedarán exentos o tendrán requisitos simplificados, con el objetivo de no desincentivar su participación.

En materia de sostenibilidad ambiental, los nuevos criterios permitirán a los Estados miembros introducir elementos que premien proyectos con menor huella de carbono medida en todo su ciclo de vida, así como aquellos que fomenten la economía circular, incluyendo aspectos como la reciclabilidad, facilidad de reparación o uso de materiales reciclados. También se contempla la posibilidad de añadir criterios que incentiven contribuciones netas positivas a la biodiversidad, exigiendo acciones como restauración de hábitats o medidas para mejorar la situación de especies vulnerables.

Los criterios para valorar la integración del sistema energético se desarrollarán a partir de tres parámetros principales: la capacidad del proyecto para aportar flexibilidad temporal (por ejemplo, ajustando generación o consumo en respuesta a la demanda), su potencial para establecer conexiones entre vectores energéticos (como la conversión de electricidad renovable en hidrógeno o calor) y la localización estratégica del proyecto para aliviar congestiones de la red eléctrica.

El reglamento también habilita la inclusión de criterios relacionados con la innovación, con el fin de acelerar la adopción de nuevas tecnologías y soluciones que mejoren el rendimiento, la sostenibilidad o la integración de las energías renovables en el sistema. Para garantizar el cumplimiento de estos criterios a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos, se establecen obligaciones de seguimiento y la imposición de sanciones adecuadas en caso de incumplimiento.