Europa ha dado más margen para que los países puedan seguir ofreciendo Ayudas de Estado, o como se denominan oficialmente, "Ayudas en el sentido del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea". En los últimos años, han tenido un visible protagonismo en el seno de la Unión Europea y desde Bruselas se han observado con lupa para comprobar si eran compatibles con el libre mercado, lo que ha levantado cierta polvareda en torno a esta cuestión. Especialmente relevante ha sido en el ámbito industrial y en nuestro país, que cuenta con proyectos de ayudas de gran envergadura.
La normativa solo las regulaba para el período 2014-2020 pero para aquellos que puedan acceder a ellas, hay una buena noticia. El pasado 7 de enero**, la Comisión Europea aprobaba la prolongación por dos años más de estas ayudas estatales, eso sí, con condiciones. **
En mayo de 2012, se reformó este sistema que permite a los gobiernos nacionales impulsar una empresa o un sector económico mediante fondos estatales, a la vez que se evaluaba si estaban alineados con la legislación de modernización de estas ayudas. El por entonces nuevo programa otorgaba mayor grado de libertad a los Estados miembros en la distribución y administración de la ayuda estatal con el objetivo de promover la inversión y la creación de empleo y el crecimiento económico. De hecho, más del 97% de las ayudas estatales que se han concedido en el marco de la UE han sido implementadas por los Estados sin recurrir a la Comisión Europea.
Sin embargo, algunas de las normas sobre estas ayudas se han ido haciendo cada vez más restrictivas e incluso algunas de ellas expirarán a finales de 2020. Ante esta situación, Bruselas ha decidido que evaluará junto a otras normas que no tienen una fecha de caducidad fija y decidirá su necesidad o no bajo la premisa de mantener la previsibilidad y la seguridad jurídica en todos los ámbitos.
Los resultados de la evaluación formarán una base para las decisiones futuras de la Comisión sobre la posible extensión o modificación de las reglas. Y hasta que lleguen esos resultados y se actualicen, se extenderá por dos años (hasta finales de 2022) su validez. Es decir que lo que se pretende es proporcionar la base para futuras decisiones de la Comisión sobre la extensión o posible actualización de las normas.
Esto es especialmente interesante para las renovables en España. En mayo de 2016, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que el régimen de estímulo a las renovables mediante subastas se consideraban Ayudas de Estado y que por tanto, el sistema estaba justificado. Su mala prensa se debe a que si se les considera así, los gobiernos nacionales dejan de tener el control de esas ayudas y pasa a ser supervisado por la Comisión Europea.
https://elperiodicodelaenergia.com/el-supremo-reclama-al-gobierno-la-peticion-de-investigacion-a-la-comision-europea-sobre-las-ayudas-a-las-renovables/
"Hasta ahora cada directiva que se aprobaba era más y más restrictiva con las renovables porque se consideraba desde Bruselas que las tecnologías estaban llegando a su madurez", señalan fuentes del sector, "por eso, el hecho de que lo prorroguen dos años más es buena noticia para el sector porque no va a haber más restricciones que se puedan empezar a aplicar y así se podrán mantener las ayudas con los sistemas actuales".
La evaluación también se centrará en otras áreas y sectores económicos, como por ejemplo en la inversión en capital riesgo o el rescate y reestructuración de empresas no financieras en crisis, pero también se mantendrán las ayudas para el sector energético en general: para la eficiencia energética, incluida la cogeneración y los District Heatings y District Cooling, para la eficiencia de los recursos, en particular, para la gestión de residuos, ayudas a la captura y almacenamiento de carbono, para la adecuación de la generación, para la reubicación de empresas, el sector ambiental o en los Proyectos de Interés Común (PIC), donde se incluyen las interconexiones eléctricas y de gas.
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