Extremadura rechaza las "prisas" del Gobierno para cerrar Almaraz mientras "pacta" la continuidad de centrales catalanas

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha criticado las "prisas" del Gobierno de España con respecto al cumplimiento del calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz, al tiempo que "pacta en otros territorios", en alusión a Cataluña, la continuidad de sus instalaciones.

Así se ha expresado tras conocer el acuerdo alcanzado por Pedro Sánchez y Salvador Illa, con Junts y ERC, para prorrogar la vida de las centrales de Ascó y Vandellós una vez se ejecute el cierre de los dos reactores de la planta extremeña previsto para 2027 y 2028, según publica este martes ABC y recoge Europa Press.

La consejera extremeña ha remarcado que para el Ejecutivo extremeño los 4.000 empleos de la central son "prioritarios" y por tanto es "fundamental" que siga abierta más allá de este horizonte, y de ahí que vaya a hacer "todo lo que esté en su mano", en alusión a la modulación del ecotasa regional avanzada por la presidenta extremeña, María Guardiola, el pasado viernes.

El futuro de Almaraz

Esta figura impositiva es el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, por el que las arcas autonómicas perciben en torno a 80 millones al año y que va a ser rebajado gradualmente "siempre con carácter previo se mantenga la central nuclear de Almaraz abierta".

"Ojalá esas prisas que tienen con Extremadura" las tuvieran, ha dicho, "con otros territorios, que también tienen figuras impositivas iguales", ha indicado, para añadir que Cataluña tiene el mismo impuesto, con el que recauda 188 millones de euros al año.

Y es que, si Vandellós y Ascó continúan abiertas van a seguir siendo contribuyentes y, por tanto, "nutriendo de recursos a la Hacienda de la Generalitat".

De este modo, ha insistido en que el Ejecutivo extremeño quiere que Almaraz "siga abierta, que siga generando riqueza y que siga generando empleo" en la región, al igual que para toda España, dadas las cifras de producción de la planta.

Por ello la Junta está dispuesta a reducir la carga fiscal a la central a pesar de que "no es el problema principal que tienen las eléctricas", ha asegurado, en alusión a un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que reclama una revisión, no solo de impuestos, como el de producción de combustible que "tiene que ser eliminado", sino también de tasas.