La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una querella contra Naturgy Generación por un delito contra el mercado y los consumidores de energía eléctrica por incrementar de forma abusiva los precios de producción energética en la central térmica de ciclo combinado de Sabón 3 entre marzo de 2019 y diciembre de 2020.

En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía destaca que la subida de precios coincidió con la situación de crisis económica y social derivada de los efectos del covid-19, y con ello Naturgy habría obtenido un beneficio injustificado de 43,2 millones de euros.

La posición de Naturgy

Según la Fiscalía, Naturgy abusó de su posición dominante en el mercado eléctrico de ajustes técnicos y, "de modo consciente y deliberado" adoptó una estrategia de ofertas a precios no equitativos y muy por encima de los resultantes de entornos de mayor competencia.

Todo ello generó un sobrecoste para las entidades comercializadoras y, en ultimo término, para los consumidores de energía eléctrica, que es un servicio económico de interés general, indica la Fiscalía.

Las diligencias se iniciaron a instancias de la asociación de consumidores Facua, además de contar con documentos e informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En julio de 2023, la CNMC declaró a Naturgy responsable de una infracción grave por la realización de ofertas a precios excesivos al mercado de restricciones técnicas para la manipulación del precio de los servicios de ajuste en la citada central.

Fruto de ello se impuso a la compañía una multa de 6 millones de euros y se le requirió para que aportara al Operador del Sistema 35,5 millones de euros.

La actuación de Naturgy tuvo un impacto directo en el coste de los mercados de servicios de ajuste del sistema, añade la Fiscalía, que le otorgó un beneficio bruto de 43,2 millones de euros -35,5 tras el impacto del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica-.

Asimismo, al integrarse los costes de los mercados de servicios de ajuste en el cálculo del precio final medio de la energía, se proyectó de forma general sobre las liquidaciones de los servicios de ajuste de todo el sistema eléctrico peninsular, generando "un sobrecoste para las entidades comercializadoras durante el periodo concernido".

Dichos sobrecostes fueron repercutidos a los consumidores, en función de las condiciones del contrato suscritos, todo ello "durante la situación de crisis económica y social derivada de los efectos del Covid-19 y de las medidas adoptadas para decretar el estado de alarma", añade el escrito.