El fracking en España avanza. La empresa BNK Petroleum ya ha presentado ante las Administraciones los proyectos para realizar sondeos de investigación de gas natural de pizarra en seis emplazamientos de los permisos Urraca y Sedano, situados en el norte de la provincia de Burgos. Los proyectos van acompañados de sus correspondientes Estudios de Impacto Ambiental (EIA), obligatorios por ley en España incluso en la fase de exploración.
Aprovechando esta circunstancia, la asociación Shale Gas España ha realizado unos estudios económicos sobre las estimaciones de shale gas en España. Así, según el Proyecto de Ley aprobado por el Gobierno el pasado mes de diciembre, si se confirma la existencia de shale gas, los propietarios de los terrenos situados sobre los yacimientos percibirán el 1% de la producción.
Shale Gas España estima que este porcentaje supondría un ingreso de entre 2 y 4 millones de euros por emplazamiento (entre 2 y 3 hectáreas, equivalente a dos campos de fútbol) para los propietarios de la zona.
Pero aun hay más. Según las primeras estimaciones, la inversión por pozo se situará entre los 10 y los 20 millones de euros. Con esta inversión, los Ayuntamientos recibirán entre 300.000 euros y 600.000 euros en concepto de impuestos locales y tasas, sobre una base de un 4% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Los beneficios económicos son aun mayores. Las compañías, además, pagarán un impuesto sobre la producción de hasta el 4%, que revertirá con especial intensidad en los ayuntamientos y comunidades autónomas en los que se desarrolle la actividad. Por último, cada sondeo en tierra, ya sea de exploración o de producción, pagará un canon de 125.000 euros.
Impacto ambiental
BNK Petroleum ha presentado a la Administración sus informes de impacto ambiental. La española es una de las legislaciones que más garantías medioambientales requiere en toda Europa. Así, en los estudios de impacto ambiental se analizan aspectos como la hidrogeología, geología, ciclo de agua, sismicidad, arqueología, geomecánica del subsuelo, no afección a Red Natura 2000, inventario de fauna, modelo de ruido y calidad del aire.
Según lo dispuesto en la ley, los proyectos son públicos y por tanto se distribuirán a instituciones técnicas, autoridades medioambientales y ayuntamientos, que informarán sobre su idoneidad, y además estarán accesibles a los ciudadanos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos y ONGs.
"Cualquier empresa que quiera realizar proyectos en España está obligada a presentar estudios muy específicos y detallados que analizan la geología, hidrogeología, geomecánica del subsuelo, biología y arqueología, entre otros. Esta solidez es la prueba de que los proyectos de exploración de gas no convencional se van a realizar con todas las garantías tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas. La transparencia, además, es total puesto que los proyectos son públicos. Los técnicos y las autoridades tienen la última palabra”, asegura David Alameda, director general de Shale Gas España.
francisco
27/12/2015