El regulador francés (CRE) estima que, para 2050, los costes asociados a la infraestructura de gas disminuirán de forma menos acusada que el consumo y el número de clientes en todos los escenarios estimados, debido al número limitado de activos que pueden desmantelarse y a la aparición de costes de desmantelamiento en uno de sus escenarios, el relativo a un rápido descenso de la demanda de gas.
Esto provocará que el coste de la red de baja presión tenga que ser soportado por menos clientes. Por ello el coste unitario a cubrir por las tarifas que paga el cliente francés aumentará. En ausencia de ninguna acción, esto podría desembocar en un escenario de costes hundidos, en el que sería complicado recuperar todos los costes e inversiones en el sistema de distribución en un futuro.
En los tres escenarios de mayor reducción del consumo de gas, el factor común es que los costes de la red de distribución de gas disminuyen casi de manera similar. Ante esta rigidez en la estructura de costes, los escenarios de traslado de costes al consumidor de gas en forma de subida de tarifas de gas son muy diversos: implicaría incrementos anuales de entre un 0,1% y un 2,5% en la tarifa hasta 2050.
La próxima revisión regulatoria del año que viene
Este estudio, junto con sus propuestas, se incorporará a las próximas deliberaciones, que comenzarán en 2027, para determinar el nuevo periodo regulatorio 2028 a 2032. Uno de sus objetivos es encontrar la distribución adecuada de costes entre los consumidores actuales y futuros para alcanzar un nivel tarifario sostenible en 2050, sin penalizar en exceso a los consumidores de hoy. Para ello, se identifican varias posibles vías para la evolución del marco regulatorio.
La CRE propone una lista de herramientas regulatorias ya conocidas, como no actualizar el valor de los activos regulatorios (RAB) a la inflación, tomar el menor valor entre la RAB y el valor contable de los activos o bloquear la entrada de activos de terceros en el RAB, entre otras. Quizás la medida más sencilla y mejor aceptada es la reducción de la vida regulatoria de los activos y acelerar la amortización de estos. El regulador evita así la repercusión de estos costes en un número menor de consumidores futuros. Sin embargo, esta solución implica mayores subidas de las tarifas en los próximos años.
Para evitar un escenario de costes hundidos, la CRE también aboga por explorar opciones más radicales, pero complementarias a las relacionadas con las tarifas de gas, para garantizar la financiación de las infraestructuras a largo plazo. Considera, por tanto, que podrían examinarse nuevas medidas, como la integración de los sistemas de gas y electricidad, la cobertura de una parte de los costes de red mediante el presupuesto estatal o, solo en determinados casos, de "las aportaciones de las autoridades responsables de la organización de la distribución de gas". Por último, la CRE estima necesario apoyar a los consumidores manteniendo los incentivos a la renovación y a la eficiencia energética en su consumo de gas.
La CRE pide una planificación local para el proceso de desmantelamiento de la red
En su documento, la CRE considera esencial "planificar el desmantelamiento de la red gasista" y propone implementar "iniciativas nacionales para garantizar el éxito de esta transición a nivel local".
Como ejemplo, la CRE ha analizado el área atendida por la empresa de distribución "Gaz Réseau Distribution France" (GRDF), 100% participada por el grupo Engie, que incluye unos 9.300 municipios. El estudio constata que al menos el 20% de los municipios atendidos actualmente, unos 2.000 donde residen 6,8 millones de consumidores, justificarían, por diversas causas, mantener la red de gas operativa. A estos se sumarían otros 500 con instalaciones de producción de biometano, ya sea en fase operativa o de proyectos ya identificados.
Además, podrían existir otros factores estratégicos y económicos relacionadas con el gas que evitarían el desmantelamiento de la red gasista en un determinado municipio. Posteriormente, esto permitirá establecer una gobernanza local adaptada a las características específicas de la zona, así como poner en marcha actuaciones de apoyo específicas.
La identificación de estas zonas no solo dependerá de estos criterios, sino que deberá coordinarse con los territorios que decidan participar en la iniciativa "100 Territorios de Electrificación", anunciada por el primer ministro francés. Esta iniciativa forma parte del plan de electrificación de la economía francesa e integrado en la Programación Plurianual de la Energía. Su objetivo es apoyar a cerca de un centenar de municipios o entidades intercomunales para acelerar su transición ecológica y eliminar progresivamente los combustibles fósiles de aquí a 2030.






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