El Gobierno de Francia pretende reforzar el dispositivo para combatir la inflación autorizando a las gasolineras a partir de diciembre, y durante un periodo de seis meses, la venta de carburante por debajo del precio de coste, una medida que inquieta a los grupos independientes.
El ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, ha explicado que en octubre se presentará un proyecto de ley para levantar la prohibición de venta a pérdida de los carburantes (en vigor desde 1963), que debería poder aplicarse a partir del 1 de diciembre.
En una entrevista al canal France 2, Le Maire precisó que la medida "durará seis meses" y que el objetivo es conseguir "carburantes más baratos por toda Francia".
El ministro no quiso comprometerse a cifrar esa rebaja e insistió en defender su estrategia de implicar a la industria y a los grupos de distribución para contener la inflación.
Puso como ejemplo el compromiso del gigante petrolero TotalEnergies a no vender el carburante a más de 1,99 euros el litro, cuando en algunas gasolineras las tarifas llegan a rondar o incluso a superar los 2,20 euros.
En la actualidad, el precio medio del gasóleo en Francia, que ha subido más de 20 céntimos de euro en los últimos dos meses, se sitúa en 1,88 euros por litro. La gasolina se acerca a los 2 euros por litro, tras haber aumentado más de 12 céntimos en ese periodo.
Los carburantes en Francia
Mobilians, una asociación de gasolineras independientes, que según sus datos suponen 2.400 en toda Francia, ha advertido de que si se ponen a vender a pérdida, su supervivencia estará en peligro.
El Ejecutivo, en cualquier caso, descarta volver a subvencionar los precios de los combustibles, como se hizo durante meses tras el choque generado por la invasión rusa de Ucrania, por el elevado coste para las finanzas públicas.
Los precios de los carburantes se han incrementado por la cotización del petróleo (el barril de brent se situó por encima del listón de los 90 dólares la semana pasada), pero también por el ascenso de los márgenes de refino.
Le Maire señaló que "el Estado no puede asumir solo el coste de la inflación", pero recordó que ya se han dedicado 90.000 millones de euros para contener los ascensos de tarifas del gas y de la electricidad, y que el año próximo se van a presupuestar todavía más de 10.000 millones para mantener el llamado "escudo de tarifa" de la electricidad.
Actualmente ese "escudo" supone que el Estado paga "un 37%" de la factura de electricidad de los particulares, recordó.
Más allá de la energía, el ministro de Economía y Finanzas dijo que prepara también otro texto legislativo para adelantar en tres meses las negociaciones anuales entre industriales y grupos de la distribución para fijar los precios, que normalmente deberían desarrollarse a partir de marzo.
Con esa medida busca repercutir a la baja en los supermercados los precios de productos que se han reducido en los últimos meses sin esperar a la próxima primavera. Las negociaciones tendrán que estar concluidas el 15 de enero.
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