Los presidentes de Iberdrola, Ignacio Galán, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas, no suelen acudir a los mismos actos. No es normal. Pero este miércoles, la cita en el Ministerio para la Transición Ecológica con la presentación del paquete de energía por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los unió.
Antes de la celebración del evento, ambos directivos pudieron conversar por separado con José Luis Navarro, presidente de Enresa, la empresa pública que se dedica a la gestión de los residuos radiactivos y al desmantelamiento de las centrales nucleares.
Ambas empresas, propietarias de la totalidad de las centrales nucleares españolas, están a la espera del informe definitivo de Enresa que explique cómo se debe llevar a cabo el apagón nuclear tanto desde un punto de vista técnico (seguridad) como económico.
El Gobierno valoró la posibilidad de que Enresa pudiera aumentar la tasa que abonan las eléctricas para el desmantelamiento de las plantas nucleares. Es algo que la propia empresa pública está estudiando y con lo que no estarían conformes las empresas eléctricas. Una subida de la tasa anularía la rentabilidad durante los próximos 15 años, según las compañías, y se podría afrontar el apagón sin problemas sin necesidad de imponer un nuevo tasazo.
Los intereses de ambas eléctricas en cuanto a energía nuclear se refiere son contrapuestos. Mientras Endesa aboga por alargar la vida de las centrales todo lo posible, por 50 ó más años, Iberdrola prefiere quitarse de en medio estos activos ya que, según dice, no son rentables y pierde dinero con ellos.
Enresa, tal y como ha dicho el Gobierno en varias ocasiones, tendrá la última palabra. Por eso, el interés de Galán y Bogas en hablar con Enresa. Se juegan mucho. Toca definir el calendario de cierre. Y aquí, quién no corre, vuela
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