La española Gas Natural Fenosa ha negado que su filial colombiana Electricaribe, intervenida en noviembre pasado y ahora en proceso de liquidación, usara dinero público destinado a subsidiar a usuarios de bajos recursos para disminuir sus pérdidas en el país.
Así lo manifestó la empresa en un comunicado fechado en Barcelona, sede de la multinacional, en el que responde a una denuncia hecha ayer por la Contraloría General (tribunal de cuentas) de Colombia.
"Ni la Contraloría ni ninguna otra autoridad pueden desconocer que la totalidad de los fondos recibidos se destinaron a sufragar la energía eléctrica consumida por los usuarios de estas zonas (de bajos recursos) y en ningún caso fueron destinados a sufragar pérdidas económicas", destacó la eléctrica.
La Contraloría colombiana aseguró ayer que Electricaribe utilizó presuntamente 78.500 millones de pesos (unos 25,9 millones de dólares) destinados a subsidiar a unos 600.000 clientes de bajos recursos en la costa atlántica colombiana para compensar sus pérdidas en el país.
"Gas Natural Fenosa (...) entiende que Electricaribe aplicó y sigue aplicando a la fecha el subsidio del Fondo de Energía Social (FOES) de acuerdo con la ley, y conforme a la asignación del Ministerio de Minas y Energía", agregó la casa matriz de Electricaribe.
La multinacional española resaltó que incluso después de que Electricaribe fuera intervenida su nuevo administrador siguió utilizando los mismos criterios para distribuir las ayudas oficiales.
"Es revelador que sólo ahora, después de la intervención de Electricaribe y la notificación de la controversia internacional promovida por el accionista mayoritario contra el Estado colombiano, se cuestione la aplicación del FOES con acusaciones de 'desfalco", concluyó la compañía española, que además describió las acusaciones de la Contraloría como un "intento de presión".
El Gobierno colombiano ordenó el pasado 14 de marzo la liquidación de Electricaribe, cuatro meses después de que fuera intervenida y tras una fallida negociación para intentar una solución concertada con Gas Natural Fenosa con el fin de solucionar sus problemas financieros, que estaban afectando a la prestación del servicio.
En respuesta a la liquidación, la compañía española dio a conocer su intención de reclamar 1.000 millones de euros al Gobierno colombiano en una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial.
La Contraloría volvió a tocar hoy el tema de Electricaribe al informar de que pidió la ayuda de la Superintendencia de Servicios Públicos para que la empresa le entregue información de la facturación a sus clientes entre 2010 y 2014 pues hasta el momento "no ha suministrado una respuesta satisfactoria".
"Para la Contraloría es fundamental profundizar y ampliar el análisis de la información de los usuarios", dijo el contralor general, Edgardo Maya, al referirse al presunto desfalco.
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