El Gobierno aprueba este martes la prórroga del decreto anticrisis

El Consejo de Ministros aprobará este martes el Real Decreto-ley para prorrogar algunas medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y la subida de precios que caducan el próximo 30 de junio, como la rebaja en el IVA de alimentos básicos.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ya ha avanzado que tanto esta rebaja del IVA de los alimentos básicos, como las medidas de apoyo al transporte público "se van a mantener" si los precios se encuentran "por encima de lo razonable".

"Estamos pendientes de los datos de los precios en junio, que no conoceremos hasta final de mes, y el jueves tendremos el primer avance. Pero sí se ve que el precio de los alimentos sigue estando elevado. Por eso creemos que se tiene que mantener, pero siempre vinculado a cómo vayan evolucionando los precios en los próximos meses", ha apuntado la vicepresidenta.

Esas medidas se recogieron en una decreto ley aprobado el pasado diciembre con el objetivo de contener las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, sobre todo en materia de inflación. Pero tenían fecha de caducidad, el próximo 30 de junio, y sólo podrán prorrogarse con otro decreto ley aprobado en Consejo de Ministros.

A falta del Pleno del Congreso como consecuencia de la disolución de las Cortes por el adelanto electoral, es la Diputación permanente, único órgano que permanece en pie, quien asumirá la facultar de convalidar o derogar las medidas que adopte el Gobierno vía decreto ley.

Las medidas anticrisis energéticas

Entre las ayudas que caducan el próximo 30 de junio y sobre las que el Gobierno se pronunciará este martes se encuentra la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje de transporte público (no así el descuento de Cercanías de Renfe y media distancia, que se mantiene todo el año).

Cabe recordar que el Gobierno bonificó con un 30% el transporte público del resto de administraciones siempre que se comprometieran a aumentar este descuento hasta el 50%, medida vigente hasta el 30 de junio.

También el Ejecutivo tendrá que decidir si mantiene el descuento de 20 céntimos por litro en los combustibles para el sector del transporte profesional por carretera o las ayudas a las comunidades autónomas y ayuntamientos para la gasolina de los autobuses públicos.

En clave energética, hay que resolver si se prorroga o no la rebaja del IVA del recibo de la luz del 10% al 5% aplicado a los consumidores, empresas o particulares, con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios. Aquí también se incluye la rebaja del tipo del IVA aplicado en el recibo del gas natural del 21% al 5%.

También concluye el 30 de junio la prórroga de la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, mientras que la aplicación del tipo impositivo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año.

Asimismo, el Gobierno deberá decidir si acaba con la reducción del 80% de los peajes en la industria electrointensiva; el IVA al 4% para las mascarillas y al 0% para los bienes y prestaciones para combatir el Covid; y la limitación al precio máximo en la bombona de butano. Otra cuestión es si se renueva o no la causa objetiva de despido en las empresas que se hayan beneficiado de alguna ayuda el aumento de costes energéticos.

Además, si no hay cambios en julio concluirá la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, se volverá a permitir los procedimientos y lanzamientos y se suspenderán los procedimientos negociados sin publicidad. Por este último procedimiento se permitía a los compradores públicos adquirir suministros y servicios en el plazo más breve posible.

Queda igualmente pendiente de revisión la exención al armador del buque o embarcación pesquera y su substituto, siempre que la pesca fresca accediera al puerto por vía marítima. Lo mismo ocurre con la prórroga de los ERTEs en empresas y personas trabajadoras de las Islas Canarias afectadas por el volcán de La Palma.