Política energética

El Gobierno lanza a consulta pública el anteproyecto para crear la nueva Comisión Nacional de Energía

La CNE tendrá funciones de supervisión y control de los mercados eléctricos, de hidrocarburos líquidos, de gas natural, y de hidrógeno verde y otros gases renovables

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El Gobierno 'resucita' la Comisión Nacional de la Energía: así será la nueva CNE para agilizar la transición energética
El restablecimiento de una CNE de naturaleza independiente, con objetivos, funciones, estructura y presupuesto propio, resulta fundamental para hacer frente a la bifurcación de las funciones de los reguladores energéticos.

Según el anteproyecto de ley para la creación del organismo, que estará adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico -mientras que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) lo está al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa- se consideran, entre otros, activos estratégicos todos aquellos que desarrollen actividades reguladas, así como las centrales térmicas nucleares, las refinerías de petróleo, los oleoductos y los almacenamientos de productos petrolíferos.

La supervisión de la Comisión Nacional de Energía

Así, deberá comunicarse a la CNE y a la Secretaría de Estado de Energía la adquisición de participaciones en un porcentaje de capital social que conceda "una influencia significativa en la gestión, en las sociedades que, directamente o mediante sociedades que controlen" estos activos.

Además, se faculta a la CNE para proponer la adopción de medidas al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en los casos de "amenaza real y suficientemente grave para la garantía del suministro de electricidad, gas e hidrocarburos", en el ámbito de las actividades del adquirente, incluyendo también novedades ligadas al cauce procedimental de actuación.

La CNE tendrá funciones de supervisión y control de los mercados eléctricos, de hidrocarburos líquidos, de gas natural, y de hidrógeno verde y otros gases renovables.

También ejercerá las funciones de inspección y sanción, así como de arbitraje, información, atención y tramitación de las reclamaciones planteadas por agentes y consumidores. Igualmente, liquidará los peajes, cargos, precios, cánones y retribuciones reguladas de los sectores a su cargo.

Según los plazos previstos en el anteproyecto, la nueva entidad debe haberse constituido y estar plenamente operativa en un plazo de cuatro meses desde la aprobación de la Ley de creación.

Los procedimientos ya iniciados sobre energía pasarán a la Comisión Nacional de Energía y podrá ampliarse su plazo
La Comisión Nacional de la Energía asumirá todos los procedimientos eléctricos, gasistas y de hidrocarburos iniciados por la CNMC.

En lo referente a su organización, el Consejo de administración de la CNE estará integrado por siete miembros con la condición de altos cargos: un presidente con rango de secretario de Estado, el vicepresidente y cinco consejeros. Así, el presidente de la CNE también lo será del consejo.

Tres direcciones

Asimismo, se articularán tres direcciones para la instrucción de expedientes relativos a las funciones a desempeñar en los mercados de la electricidad, el gas natural y del hidrógeno y de otros gases renovables, así como en relación con la toma de participaciones en el sector energético, en su caso. Estas serán las direcciones de Electricidad, de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles y de Inspección.

Junto al restablecimiento de la CNE se incluye la creación del Fondo para la Gestión Económico-Financiera de las Liquidaciones del Sector Eléctrico y del Sector del Gas (Fglseg), para gestionar los ingresos y pagos correspondientes a las liquidaciones de peajes, cargos, cánones, precios y retribuciones reguladas de los sectores eléctrico y gasista, así como las transferencias previstas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para estos sectores.

El Gobierno justifica la creación de la CNE, que existió hasta 2013, cuando se decidió integrar por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy en el 'superregulador' de la CNMC, en la necesidad de disponer en la emergencia climática y el proceso de transición ecológica de un regulador y supervisor de los mercados energéticos que añada la descarbonización de la economía española a los objetivos y funciones tradicionales de velar por la libre competencia y el correcto funcionamiento del mercado desde la eficiencia económica.

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