Los procedimientos ya iniciados sobre energía pasarán a la Comisión Nacional de Energía y podrá ampliarse su plazo

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) asumirá todos los procedimientos sobre los sectores eléctrico, gasista y de hidrocarburos ya iniciados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyo plazo máximo de resolución podrá ser ampliado ante la puesta en marcha de este nuevo organismo.

Así consta en el texto del anteproyecto de ley, consultado por EFE, en el que se disponen, dentro del funcionamiento de la CNE, aspectos relacionados con su gestión, como las condiciones de la integración del personal de la CNMC en este supervisor, recuperado después de una década para que juegue un "papel protagonista" ante la "ineludible transición".

¿Por qué se recupera la Comisión Nacional de Energía?

El documento, respecto al cual podrán presentarse alegaciones desde este 22 de febrero y hasta el próximo 4 de marzo, defiende la vuelta de la CNE, que en 2013, bajo el Gobierno del popular Mariano Rajoy, pasó a estar integrada en la CNMC junto a otros reguladores, por el "significado económico" de los mercados energéticos.

A esta circunstancia se unen, por un lado, el nuevo escenario global determinado por el "surgimiento de nuevas categorías de amenazas", y, por otro, el cuestionamiento de bienes públicos globales, lo que aboca a la "inexorable reformulación de la figura de reguladores y supervisores".

Además, el "advenimiento del cambio climático en las agendas públicas internacionales y estatales" justifica la recuperación de la CNE como organismo regulador de carácter diferenciado frente a la CNMC.

De acuerdo con el anteproyecto, los reguladores energéticos "quedan llamados a desempeñar un nuevo papel protagonista en el contexto de la ineludible transición", de modo que, además de su papel de garante del adecuado funcionamiento de los mercados energéticos, tendrán que orientarse a la descarbonización.

En este contexto, mantener las funciones en la CNMC supondría una limitación "tanto en términos de especialización, como de autonomía, para poder enfrentar con garantías los nuevos desafíos que se derivan de la amenaza climática".

España sigue así el camino de otros socios de la Unión Europea que cuentan con un organismo regulador especializado únicamente en materia energética como Austria, Bélgica, Croacia, Chipre, República Checa, Finlandia, Francia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Suecia.

¿Cómo será el relevo?

Tal como anunció en la víspera la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se actualizarán las funciones de la CNE, se reforzarán sus medios y contará con un fondo específico para la gestión y liquidación de los sistemas de electricidad y gasista en las actividades reguladas.

El organismo asumirá funciones regulatorias, consultivas, de asesoramiento y resolución de conflictos entre operadores e incorporará nuevos vectores energéticos, como el hidrógeno y los gases renovables, al tiempo que fortalecerá la labor de inspección.

El texto se tramitará por la vía de urgencia y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) podría llegar antes de finales de año. La CNE deberá estar plenamente constituida y operativa en un máximo de cuatro meses desde la aprobación de la ley de creación.

Mientras tanto, la CNMC seguirá desempeñando las mismas funciones que hasta ahora, por lo que continuará tramitando los procedimientos ya iniciados hasta que sea efectiva la puesta en funcionamiento de la CNE.

La constitución de la nueva comisión, eso sí, se podrá considerar una "circunstancia extraordinaria" que permitirá ampliar el plazo máximo para resolver aquellos sometidos a caducidad o afectados por el silencio administrativo por un tiempo que no podrá ser superior al establecido para tramitar el procedimiento.

En materia de plantilla, en este periodo, se mantendrán en su cargo a los titulares de los órganos que se traspasarán después a la CNE.

Por su parte, el personal laboral que preste sus servicios a la CNMC y pase a la nueva comisión se integrará con los mismos derechos y obligaciones que tuviera antes, respetando su antigüedad.

Mientras que el personal funcionario en activo podrá optar, en el plazo de tres meses, por integrarse como personal laboral en la CNE con la consiguiente antigüedad, quedando en su cuerpo de origen en la situación de servicios especiales.

Quienes, por el contrario, no lo hagan, pasarán como funcionarios en servicio activo o en la situación con reserva de puesto que les corresponda.