Las compañías exigen un plazo transitorio para adaptarse al nuevo Real Decreto de comercialización eléctrica

La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha solicitado al Gobierno que el nuevo Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Suministro y Contratación de comercialización de energía eléctrica incluya un periodo transitorio de adaptación, que permita a las empresas comercializadoras adecuar de forma efectiva sus procesos, sistemas y documentación a las nuevas exigencias regulatorias.

La entrada en vigor inmediata de la norma —o su exigibilidad al día siguiente de su publicación— resultaría materialmente imposible de cumplir por las comercializadoras, especialmente para aquellas comercializadoras con menor estructura organizativa o tecnológica, generando una situación de inseguridad jurídica y un riesgo elevado de incumplimientos no voluntarios desde el primer momento de aplicación.

El citado Proyecto introduce un conjunto amplio y relevante de nuevas obligaciones para las empresas comercializadoras, que afectan, entre otros aspectos, a los procedimientos de contratación, a la información al consumidor, a la documentación contractual y a los sistemas internos de facturación, gestión, control y atención a la clientela.

La comercialización eléctrica

"El nuevo Proyecto de Real Decreto introduce cambios muy relevantes para la actividad de las comercializadoras, afectando desde la contratación hasta la atención al cliente, pero no contempla ningún periodo de adaptación. Siguiendo el precedente de la Ley 10/2025, que estableció un plazo transitorio de doce meses para garantizar una implementación ordenada, consideramos imprescindible que el Gobierno incluya un plazo similar en este Real Decreto. Solo así las empresas podrán ajustar sus procesos y sistemas de manera efectiva, asegurando el cumplimiento de la norma y evitando riesgos de inseguridad jurídica desde el primer día de aplicación”, señala Julio César Nieto, presidente de ACIE.

El proyecto comenzó su tramitación en el verano de 2024 con consulta pública por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y fue remitido al Consejo de Estado en diciembre de 2025. ACIE se personó en el Consejo y presentó alegaciones sobre la versión final, solicitando un nuevo trámite de audiencia ante el Ministerio ante los cambios sustanciales detectados respecto del texto sometido a información pública a finales de julio de 2024.

A fecha de hoy, el Consejo de Estado ha publicado en su página web el despacho relativo a la emisión de su informe preceptivo, sin que se haya hecho público su contenido.