Así es cómo el Gobierno tratará de reducir los precios energéticos a todos los consumidores: las grandes medidas en las que trabaja Ribera para reformar el mercado

El Gobierno de España trabaja desde hace meses para encontrar fórmulas que salvaguarden a los consumidores del alza de los precios energéticos. A las medidas ya adoptadas en materia fiscal, el Ministerio para la Transición Ecológica tiene preparado un auténtico plan de choque para contrarrestar los disparatados precios de la luz y el gas.

Para ello, trabaja a marchas forzadas para aprobar más pronto que tarde en dos medidas de calado para el sector eléctrico español. Por un lado, la subasta de energía primaria, también conocida como subasta inframarginal, en la que las grandes eléctricas pondrán obligatoriamente a disposición de la gran industria y de otras comercializadoras independientes del orden de 15 TWh de energía eléctrica procedente de tecnologías inframarginales como pueden ser la nuclear, la hidroeléctrica o algunos parques eólicos que ya no perciben primas o no están bajo.

El objetivo no es otro que sacar del pool esta energía y poder ofrecerla tanto a consumidores industriales como a domésticos, esperando que se logre en dicha subasta un precio notablemente menor del que se está viendo estos días en el mercado mayorista.

Por otro lado, el Gobierno también trabaja en una segunda medida que se trata de una devolución anticipada de lo cobrado de más por las instalaciones del RECORE (renovables, cogeneración y residuos), que con los altos precios de los últimos meses están siendo sobreretibuidos.

Esta medida podría poner sobre la mesa, dependiendo hasta el nivel de retribución para este 2022, en unos 2.000 millones de euros que irían para contrarrestar los cargos del sistema y así poder reducir la factura de la luz de los españoles.

Fuentes cercanas al Gobierno aseguran que estas dos medidas se tratarán de aprobar en las próximas semanas, entre marzo y abril.

Antes, el próximo martes, el Consejo de Ministros aprobará el paquete de medidas anunciado por el presidente Pedro Sánchez en el Congreso. Se trata de la reducción fiscal de la electricidad, así como un paqueete de ayudas tanto a consumidores vulnerables como a la industria.

Se extenderá hasta el 30 de junio la eliminación del IVPEE, o impuesto a la producción eléctrica, el IVA al 10% para los consumidores de 10 kW de potencia contratada o menos, y la reducción del Impuesto Especial a la Electricidad al 0,5%.

Es decir, mantener un trimestre más lo que la mayoría de los consumidores domésticos están viendo ya en sus facturas de la luz.

Nuevo paquete de medidas de Bruselas

Este martes la Comisión Europea dio a conocer el ToolBox 2, su nueva caja de herramientas para que los Estados Miembro puedan actuar para contrarrestar los altos precios de la energía.

Tanto la recaudación, vía impuesto, de los windfall profits de las tecnologías no emisoras que se han beneficiado de los altos precios del gas al percibir unos ingresos mucho más altos que sus costes, como imponer un tope al precio del gas y por tanto de la electricidad, no se podrán llevar a cabo tan rápido como se presupone.

Dichas medidas del Toolbox tienen que ser revisadas y aprobadas en el Consejo Europeo que se ha iniciado este jueves en Versalles. De allí saldrá ya el texto definitivo y se podrá conocer qué herramientas se podrán utilizar a partir de ahora.

Tal y como ha podido saber El Periódico de la Energía, los cambios legales necesarios para poder llevar a cabo dichas medidas, se aprobarían en el siguiente Consejo Europeo que se celebrará los días 24 y 25 de marzo.

Será entonces cuando los Estados Miembro puedan iniciar su proceso para aprobar dichas medidas siempre y cuando obtengan el visto bueno de la propia Comisión Europea.

Por tanto, no sería hasta abril o incluso mayo cuando podrían llevarse a cabo estas urgentes medidas.

Poco calado

Según la comunicación actual de Bruselas, la medida sobre los windfall profits tendría escaso calado para los consumidores ya que la Comisión puso como límite extender esta medida hasta el 30 de junio.

En un escenario de precios altos del gas, parece escaso tiempo que solo se pueda llevar a cabo esta recaudación de los beneficios caídos del cielo de las tecnologías inframarginales, más si cabe si la nueva estrategia de gas obliga a los Estados Miembro acumular el máximo de gas posible, un 90% para el 30 de septiembre de este año.

Esto hará que los precios se mantengan altos y por tanto sigan obteniendo estas tecnologías altos beneficios desde el 1 de julio. EEs decir, que solo podría recaudar, según el timing burocrático, unos dos meses.

Eso sí, estos windfall profits los podrá recaudar el Gobierno a todas aquellas instalaciones de renovables, estén primadas o no. Pero no lo podrá hacer de forma retroactiva ni a la energía ya pactada bajo un contrato, sea PPA o bilateral. Lo mismo sucede con hidroeléctrica o nuclear.

Cabe recordar que el 85% de la nuclear ya estaría firmada bajo contrato bilateral y en el caso de la hidroeléctrica aproximadamente la mitad.

Otras medidas

Aparte de estas cuatro medidas de gran calado, el Gobierno quiere llevar a cabo otras medidas de calado. La reforma del bono social es una de ellas. Ya están trabajando en ello, pero esta medida tardará un poco más en aprobarse.

También están cerca de lanzar una nueva subasta de eólica y solar fotovoltaica, además de la ya anunciada de termosolar, biomasa y pequeñas instalaciones solares.

Así mismo, el Gobierno pretende lanzar la primera subasta de energía eólica marina. Probablemente sea en el espacio marino canario, concretamente en Gran Canaria donde se agolpan decenas de proyectos de parques para instalarse.

Otra de las medidas que aprobará el Gobierno será la aprobación de un mecanismo para acelerar la tramitación de estos nuevos proyectos de renovables. También para abril se espera que ya se lance la orden por la que se adjudiquen los puntos de acceso y conexión.