El Gobierno "ultima" las medidas anticrisis focalizadas en la clase trabajadora, vulnerables y sectores afectados

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha avanzado este lunes que el Ejecutivo está ultimando el próximo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, que estará focalizado en el esfuerzo para las clases medias y trabajadoras, en las personas que son vulnerables y en los sectores que más dificultades están atravesando.

La ministra no ha querido detallar ninguna medida específica de las que se pretende aprobar en Consejo de Ministros antes de que finalice el año para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, dado que la vigencia del real decreto para hacer frente a la situación finaliza el próximo 31 de diciembre.

Las medidas anticrisis

"Estamos ultimando el último paquete de medidas focalizado en el esfuerzo para las clases medias y trabajadoras, en las personas que son vulnerables y en los sectores que más dificultades están atravesando", ha asegurado la ministra durante su intervención este lunes en el debate de totalidad del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 en el Pleno del Senado.

En este aspecto, la ministra ha defendido la "prudencia" del Gobierno al presentar a Bruselas dos posibles escenarios de ingresos y gastos debido al "contexto de elevada incertidumbre" como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia que tiene "un significativo impacto económico mediante una elevada inflación".

Cabe recordar que el segundo escenario contempla una recaudación mayor en unos 10.500 millones de la inicialmente estimada que "dará margen para prorrogar y adoptar aquellas medidas que se estime conveniente, con el fin de proteger a los colectivos vulnerables, a la clase media y trabajadora, a los autónomos y a los sectores productivos más afectadas por la crisis energética".

Empuje del empleo

Durante su intervención ante la Cámara Alta, la ministra ha hecho referencia a la evolución de los ingresos tributarios. "La mayor parte del crecimiento se debe a la mejora de la actividad económica y de la creación de empleo, que son los principales factores que influyen en las bases fiscales", ha enfatizado la ministra.

No obstante, Montero ha reconocido que la inflación puede tener influencia sobre todo en "algunas figuras fiscales" y ha señalado que solo explica un 26% del incremento de la recaudación. "La mejora restante se debe a los mejores resultados del mercado laboral", ha enfatizado.

Según Montero, el impacto de la inflación es residual en el mayor impuesto por recaudación, el IRPF, que es el que sufre una mayor subida en ingresos. Tampoco la inflación tiene prácticamente efecto en el Impuesto sobre Sociedades, cuya recaudación aumenta hasta octubre un 25,6%, según la ministra.

El impacto de la inflación, por tanto, se limita al IVA y es justamente en esta figura fiscal en la que el Gobierno ha aprobado "la mayor rebaja fiscal de la historia de este impuesto", según ha indicado Montero.

Además de los elementos de dinamismo económico, la ministra ha explicado que también hay otros factores relacionados con el mejor cumplimiento de las obligaciones tributarias y con el aumento del pago con tarjeta, que también están ligados al incremento de las bases imponibles tributarias que están creciendo más que la demanda interna o que el propio PIB nominal.

El mejor comportamiento del empleo está contribuyendo, según Montero, a que España siga avanzando en el objetivo de consolidación fiscal, pese a que las reglas europeas están suspendidas. "Esto no implica de ninguna manera que los responsables de las cuentas públicas nos desentendamos de nuestra corresponsabilidad para el año 2023", ha enfatizado.

La previsión es que el déficit del conjunto de administraciones se sitúe en el 3,9% y baje al 2,9% en 2025, lo que permitirá a España salir del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) --fijado en el 3%--.

Según ha explicado la titular de Hacienda, esa tasa de referencia del 3,9% incluye transferencia a la Seguridad Social por importe de 19.888 millones. "Cumplimos por tanto con el Pacto de Toledo dando sostenibilidad y estabilidad a las cuentas de la Seguridad Social", ha defendido la ministra.