Groizard asegura que el apagón fue “imprevisto e imprevisible” y que el Gobierno trabaja para cerrar sus “huecos”

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha defendido que el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 fue un acontecimiento “imprevisto e imprevisible” que no estaba contemplado en los manuales de operación de los sistemas eléctricos español, europeo ni internacional. No obstante, ha subrayado que el Gobierno ha reforzado desde entonces la regulación, la supervisión y la capacidad de respuesta del sistema para reducir al mínimo los “huecos” que puedan permitir que vuelvan a producirse eventos de características similares.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre la interrupción del suministro eléctrico, Groizard ha recurrido al término “poltergeist” para describir un fenómeno que, según ha explicado, “no estaba ni siquiera documentado en la literatura académica” y que tampoco había sido recogido en los manuales de operación de los sistemas eléctricos. “Con lo cual sí, me tengo que reafirmar y reiterar que fue un evento imprevisto e imprevisible”, ha aseverado.

El secretario de Estado ha reconocido, no obstante, que la principal lección extraída del cero eléctrico es la necesidad de anticipar el mayor número posible de escenarios y reforzar los mecanismos de supervisión. “Cuantos más recursos, mejor”, ha señalado, defendiendo que el objetivo debe ser dejar el menor margen posible a acontecimientos que hasta ahora no habían sido contemplados.

En este proceso, el Ministerio para la Transición Ecológica ha situado el control de tensión como uno de los principales ámbitos de actuación. Groizard ha considerado “crítico” reforzar el seguimiento continuo del comportamiento del sistema en esta materia, después de que el apagón evidenciara la importancia que tuvo la gestión de la tensión.

En este sentido, ha destacado tanto los avances regulatorios como la incorporación de nuevos mecanismos de medición y operación en tiempo real. Entre las medidas adoptadas se encuentra el mandato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para elaborar informes trimestrales sobre el cumplimiento de las obligaciones de control de tensión, así como la aprobación del procedimiento de operación P.O. 7.4, que permite una monitorización en tiempo real de estas obligaciones.

Groizard desvincula a la CNMC de la responsabilidad del apagón

La tramitación del P.O. 7.4 también ha sido objeto de preguntas durante la comparecencia, especialmente por el tiempo que transcurrió hasta su aprobación y por las dificultades para incorporar a las instalaciones renovables al control de tensión.

Groizard ha descargado de responsabilidad a la CNMC y ha apuntado a la existencia de intereses contrapuestos entre algunos agentes del sector. Según ha explicado, hubo operadores que incluso recurrieron la aprobación del procedimiento y que podían “no tener interés en que se aprobara esa normativa”, bien por su complejidad técnica y la necesidad de adaptar sistemas, bien por “otros motivos menos confesables”.

Pese a ello, ha insistido en que el 28 de abril de 2025 el sistema eléctrico español disponía de “los instrumentos regulatorios y técnicos necesarios para evitar lo que ocurrió”. A su juicio, la CNMC no puede ser considerada responsable del apagón porque nadie había identificado previamente los elementos que ahora se pueden interpretar como síntomas de un problema estructural capaz de desembocar en el cero eléctrico.

“¿Qué hubiera sido deseable, contar con muchas otras cosas? Por supuesto, cuantos más recursos, mejor”, ha afirmado.

El secretario de Estado ha señalado además que una de las deficiencias detectadas tras el incidente fue la fragmentación de las responsabilidades. Hasta entonces, ha explicado, cada agente podía sentirse competente únicamente sobre “su trocito” de la parcela que tenía asignada. El Ejecutivo trabaja ahora para que las obligaciones estén perfectamente protocolizadas y quede claro cómo se reparten las responsabilidades entre los distintos actores.

También se ha reforzado la observabilidad de la red mediante la definición de una denominada “red observable”, que obliga a los agentes a intercambiar determinados datos bajo estándares comunes. El objetivo es disponer de una visión más completa y en tiempo real del comportamiento del sistema y facilitar una respuesta coordinada ante situaciones anómalas.

A esta estrategia se suma la incorporación a la planificación eléctrica de equipos como compensadores síncronos y dispositivos STATCOM, capaces de proporcionar servicios de control de tensión y mejorar la estabilidad de la red. Groizard ha destacado que estas infraestructuras permiten anticiparse a necesidades que “a lo mejor no estaban previstas para esta década” y operar el sistema de manera más eficiente, reduciendo además la necesidad de recurrir a los ciclos combinados.

El Gobierno espera un salto “exponencial” del almacenamiento

El almacenamiento energético se ha situado asimismo entre las principales herramientas con las que el Ejecutivo pretende acompañar el crecimiento de las renovables y reforzar la seguridad del sistema. Groizard ha anticipado que España podría experimentar en los próximos meses un fuerte crecimiento de las baterías.

“La sensación que tenemos es que en cuestión de meses, a lo largo del año que viene, tendremos un salto exponencial muy muy gordo en almacenamiento con baterías”, ha asegurado.

El Ejecutivo mantiene además su apuesta por el almacenamiento hidráulico de larga duración. En este ámbito, Groizard ha destacado la reciente autorización a Repsol para ampliar el bombeo de Aguayo, en Cantabria.

Para el secretario de Estado, el aprendizaje fundamental del apagón es que la planificación debe reducir progresivamente el número de escenarios que puedan quedar fuera del control del sistema. “Lo que ocurrió era imprevisto e imprevisible, pero cuanto más sepamos y más ámbitos tengamos controlados, menos riesgo hay de que aquellas cosas que no sabemos que no sabemos puedan ocurrir”, ha señalado.

“Lo improbable ocurre”, ha recalcado, defendiendo que la política energética debe orientarse a dejar el menor espacio posible a esas situaciones inesperadas.

En paralelo, Groizard ha situado el despliegue renovable, la electrificación de la economía y la reforma de la fiscalidad energética entre los principales retos de España para reducir su dependencia de los combustibles fósiles importados. En este último ámbito, ha defendido la necesidad de alcanzar un consenso que permita que la electricidad sea más competitiva frente a otros vectores energéticos.

Almaraz seguirá operativa hasta 2030 como una prórroga “puntual”

La comparecencia también ha permitido a Groizard defender la decisión del Gobierno de prolongar hasta 2030 la operación de la central nuclear de Almaraz, en Extremadura, una medida que ha desvinculado del calendario general de cierre del parque nuclear español.

El secretario de Estado ha insistido en que se trata de una “ampliación temporal acotada a esa central” y que no supone modificar la fecha de 2035 prevista para el cese definitivo de la energía nuclear en España ni alterar el resto del calendario establecido para los reactores.

La decisión, según ha explicado, responde a una coyuntura energética internacional que no estaba contemplada cuando se diseñó la planificación anterior. Groizard ha puesto el foco especialmente en la evolución del precio del gas, que ha pasado de situarse en torno a los 30 euros/MWh al inicio del año a superar los 82 euros/MWh como consecuencia de la crisis vinculada al conflicto en Oriente Próximo.

El Gobierno considera que esta situación puede prolongarse durante meses y ha manejado un horizonte de entre 20 y 30 meses desde una eventual solución al conflicto y la reapertura del Estrecho de Ormuz hasta la recuperación de las infraestructuras energéticas afectadas.

En este contexto, la extensión de Almaraz permitiría, según Groizard, amortiguar para los consumidores españoles parte de los picos de precios no contemplados en la planificación anterior, mientras se acelera el despliegue de renovables. “El auténtico escudo, lo que realmente nos protege de la vulnerabilidad exterior, es el despliegue de renovables”, ha defendido.

Groizard ha remarcado que Almaraz presentaba una situación excepcional respecto al resto del parque, dado que su anterior autorización de funcionamiento ya se había prolongado hasta 2027 y todavía disponía de margen para una ampliación adicional. El resto de centrales, ha asegurado, deberán someterse a sus correspondientes procesos de evaluación y esta decisión no modifica los costes generales que tendrá que afrontar el sistema.

Para adoptar la decisión sobre Almaraz, el Ejecutivo realizó análisis internos y solicitó informes a Red Eléctrica, Enresa y el Consejo de Seguridad Nuclear. La seguridad de suministro fue uno de los aspectos evaluados.

El secretario de Estado ha precisado, sin embargo, que la aportación de la central extremeña a la operación de la red es limitada. Ha señalado que la nuclear no está especialmente adaptada para amortiguar oscilaciones del sistema ni para ejercer un control dinámico de tensión, por lo que su contribución en este ámbito es menor que la de otras tecnologías.

El impacto sobre los objetivos renovables será del 1,4%

Groizard ha defendido también que la prolongación de Almaraz tendrá un impacto reducido sobre los objetivos de generación renovable previstos para 2030. Según sus cálculos, la afección será de apenas un 1,4%, aunque ha reconocido que otros estudios elevan ese impacto hasta el 5%.

A juicio del secretario de Estado, incluso la estimación más elevada se mantiene dentro de un margen limitado frente a la propia variabilidad anual de la producción renovable, condicionada por factores meteorológicos.

Por ello, ha considerado que la prórroga tiene un efecto “acotado” sobre los objetivos de política energética y ha rechazado que pueda interpretarse como un cambio de rumbo en la transición energética.

Tampoco considera que el cierre previsto de varios reactores a partir de 2030 vaya a generar problemas relevantes por la coincidencia temporal de los procesos. Groizard ha recordado que el desmantelamiento de una central nuclear puede prolongarse durante entre diez y quince años y que, por tanto, siempre existe cierto solapamiento entre los diferentes calendarios de cierre y desmantelamiento.

Ha puesto como ejemplo el caso de Garoña, cuyo proceso de desmantelamiento continúa todavía en marcha, para defender que la coincidencia de varias operaciones de cierre no constituye una situación excepcional ni anticipa necesariamente problemas para el sistema.

Cataluña deberá avanzar en renovables para afrontar el cierre nuclear

En relación con el futuro del parque nuclear catalán y el cumplimiento de los objetivos energéticos de la comunidad autónoma, Groizard ha apelado a la “corresponsabilidad de todos”. El horizonte de 2030, ha señalado, todavía ofrece margen para preparar el sistema ante el cierre previsto de los reactores y la respuesta dependerá en buena medida de que las distintas administraciones y agentes “hagan los deberes”.

El secretario de Estado ha defendido que Cataluña dispone de una oportunidad para reforzar su seguridad energética mediante el despliegue renovable. “La mejor oportunidad que tiene Cataluña, la industria catalana, los consumidores catalanes, igual que el resto del Estado, para reducir costes, para tener seguridad de suministro, es avanzar con renovables”, ha afirmado.

Groizard ha situado así la política renovable como el eje central de la estrategia del Ejecutivo para reducir la vulnerabilidad energética exterior. A su juicio, los últimos 40 años de funcionamiento del parque nuclear no han evitado que España haya estado expuesta a las crisis energéticas internacionales.

“Ha sido solo en los últimos años, gracias al despliegue de renovables, que estamos un poco más protegidos”, ha concluido.