El presidente François Hollande quiere llegar a la cumbre sobre el cambio climático de París en diciembre como un alumno ejemplar. Además de un inusitado despliegue diplomático a nivel internacional ha legislado en su propia casa para reducir emisiones y combustibles fósiles y mejorar la eficiencia energética con objetivos vinculantes. Además, la potencia nuclear por excelencia de Europa se compromete a reducir su peso atómico en la generación eléctrica desde el actual 75% hasta el 50% en el horizonte de 2025.
La Asamblea Nacional ha dado luz verde definitiva a la “ley de transición energética”. En su largo trámite parlamentario, la mayoría con servadora en el Senado trató de restringir la ambiciosa normativa, pero la Cámara Baja ha vuelto a instaurar los objetivos iniciales. Entre ellos la reducción de aquí a 2050 de un 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen energético y de un 50% del consumo de energía final; para 2030, Francia deberá tener un 40% menos de emisiones, un 30% menos de combustibles fósiles y alcanzar un 32% de energías renovables;
Además, en los próximos nueve años limitará la potencia nuclear ( se fija un techo al nivel actual de 63,2 GW en lugar de 64,8 como deseaba la derecha francesa). El texto legal describe una estrategia nacional de “descarbonización” y la implantación de objetivos anuales de wemisiones de carbono, como lo hace el Reino Unido.
El Gobierno francés se propone asimismo un cambio radical de los hábitos de consumo y las administraciones públicas tendrán que dar ejemplo. Se promoverá el coche eléctrico y se multiplicarán las estaciones de recarga; se impulsará la llamada “economía circular” y el reciclado de residuos. La ley implanta nuevos marchamos como el de territorios de “energía positiva” y “ciudades de cero residuos”.
El plan de acompañamiento cuenta con un presupuesto trianual de 10.000 millones de ayudas para incentivar la renovación de edificios y mejorar la eficacia energética en los mismos. Se fomentará el uso de vehículos limpios (se desincentivará el uso de diesel) y a partir del 1 de enero de 2015 toda la flota de transportes públicos deberá ser “limpia” de emisiones. La normativa obliga también a la gran distribución a donar en lugar de destruir la comida no vendida y se pone fin a las bolsas de plástico.
Con el texto, bien acogido por los ecologistas, Hollande pretende también acercar de nuevo a los Verdes al Gobierno, a quienes necesitará sin duda para renovar su candidatura de cara a las presidenciales de 2017.
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