Iberdrola va con todo para hacer frente al bloqueo de la Casa Blanca a su proyecto de eólica marina

Iberdrola ha intensificado su ofensiva judicial y política en Estados Unidos para frenar la paralización del parque eólico marino Vineyard Wind 1, en Massachusetts, un proyecto estratégico para la transición energética del país que se encontraba prácticamente terminado cuando el Gobierno federal ordenó detener las obras. La compañía, a través de Vineyard Wind —sociedad participada junto a Copenhagen Infrastructure Partners—, afronta ahora una batalla legal decisiva frente a la Administración Trump, que invocó de forma genérica supuestos riesgos para la seguridad nacional sin concretar amenazas específicas.

El conflicto ha escalado en las últimas semanas con la entrada en escena de la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, que ha presentado un escrito de amicus curiae en apoyo de Vineyard Wind ante el Tribunal de Distrito federal. En su alegato, Campbell sostiene que la finalización del proyecto es “crítica” para cubrir el aumento de la demanda energética con electricidad asequible y fiable, proteger la economía del Estado y cumplir los objetivos legales de energía limpia. La fiscal pide al juez que bloquee cautelarmente la orden federal de paralización mientras se resuelve el fondo del litigio.

Suspensión de las actividades

La decisión que desencadenó la disputa llegó el 22 de diciembre de 2025, cuando la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica (BOEM), dependiente del Departamento del Interior, ordenó suspender durante al menos 90 días todas las actividades del proyecto Vineyard Wind 1. La instrucción se apoyaba en una directriz del Departamento de Defensa para evaluar las implicaciones de seguridad nacional de la eólica marina, aunque hasta la fecha ninguna agencia federal ha identificado un riesgo concreto asociado a este parque.

El parón se produjo cuando Vineyard Wind estaba al 95% de ejecución. De las 62 turbinas previstas, buena parte ya estaban instaladas y el parque era parcialmente operativo, con capacidad para inyectar 572 megavatios en la red eléctrica de Nueva Inglaterra. Una vez completado, el proyecto alcanzaría los 800 megavatios, suficientes para abastecer a unos 400.000 hogares, y estaba programado para entrar plenamente en servicio antes del 31 de marzo de 2026.

Según la documentación presentada ante el tribunal, la orden de paralización tiene un impacto económico inmediato. Vineyard Wind estima pérdidas de unos dos millones de dólares diarios en costes directos e indirectos, derivados de seguros, intereses financieros, gastos de personal y logística. En paralelo, Massachusetts ya ha dejado de percibir millones de dólares en beneficios para los consumidores: solo en la última semana, los sobrecostes para los usuarios superaron los dos millones de dólares y, de mantenerse el bloqueo, las facturas eléctricas dejarían de reducirse en unos 252 dólares anuales por hogar, según los cálculos del Estado.

Apoyo sindical

El apoyo institucional a Iberdrola y a su proyecto no se limita a la fiscal general. La ofensiva judicial se ha visto reforzada por la entrada formal de los sindicatos, que subrayan el impacto directo del parón sobre el empleo y la economía local. El Massachusetts Building Trades Council, la Massachusetts AFL-CIO y la coalición Climate Jobs Massachusetts han solicitado al tribunal permiso para presentar escritos en respaldo de las medidas cautelares solicitadas por Vineyard Wind. Estas organizaciones recuerdan que miles de trabajadores han participado en la construcción del parque desde 2021 y que más de 200 personas estaban empleadas activamente en el proyecto cuando se dictó la orden federal.

Los sindicatos destacan además que Vineyard Wind 1 está cubierto por un acuerdo laboral específico y que se han realizado importantes inversiones en formación de mano de obra especializada en eólica marina. A su juicio, una suspensión de 90 días —y, sobre todo, un bloqueo prolongado— provocaría un daño irreparable tanto al empleo como al desarrollo de capacidades industriales en un sector considerado clave para el futuro energético de Massachusetts.