El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha asegurado hoy que la sentencia sobre los fondos mineros no obliga a su departamento "a hacer ningún tipo de pago" sino a analizar cada uno de los convenios afectados por el fallo judicial para ver si procede hacerlo.
Soria ha hecho estas declaraciones en Alcalá de Henares momentos antes de participar en la reunión de ministros europeos que participan en la conferencia "Amigos de la Industria", al ser preguntado por la sentencia que reconoce al Principado el derecho a recibir hasta 213 millones con cargo a los convenios de las obras programadas dentro de los fondos mineros hasta 2011.
"Hay una sentencia por parte de los tribunales, pero no obliga al ministerio -tal y como se ha dicho en algún ámbito- a hacer ningún tipo de pago", ha afirmado el ministro, antes de asegurar que a lo lo que sí obliga es "a revisar los procedimientos y, caso por caso, ver si procede la realización de ese pago o no".
Soria ha recordado que el informe de la Abogacía del Estado "no establece relación de causa efecto entre sentencia y obligación de pago" y que por lo tanto, lo que va a hacer es analizar "caso por caso" de acuerdo con ese informe.
El juzgado central de lo contencioso-administrativo número 4 ha dictó hace una semana una diligencia en la que exige al Gobierno central la ejecución de la sentencia que reconocía al Principado el derecho a recibir hasta 213 millones.
La resolución judicial, contra la que cabe recurso de reposición, emplaza además al Estado a informar al juzgado sobre las gestiones que ha realizado para cumplir la sentencia y el estado en que se encuentran y las actuaciones que quedan por practicarse para cumplirla en su integridad.
De los 58 convenios correspondientes a 2011 por los que pleiteó el Principado- que ha planteado otra dos reclamaciones sobre los de 2012 (53,3 millones) y de 2013 (68,1 millones)- algunos están ejecutados íntegramente dentro del plazo previsto, otros se justificaron fuera de plazo y un tercer grupo sólo se ha llevado a cabo parcialmente.
La Audiencia Nacional rechazó el pasado mes de mayo el recurso del Gobierno central contra la sentencia, que admitió los planteamientos del Principado al estimar que la anulación de los fondos mineros ya comprometidos con Asturias no respondían a una "imposibilidad económica sobrevenida".
La sentencia fue recurrida ante la Audiencia Nacional por el Gobierno central que, en su primer Consejo de Ministros en diciembre de 2012 suspendió el pago de los fondos mineros destinados a infraestructuras.
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