El vicepresidente de la asociación electrotécnica española y presidente del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía, Jordi Dolader, ha calculado que "dos tercios" de la factura eléctrica tienen un componente "político" y lamentó que el consumidor final es aún el "eslabón débil" de la cadena.
En su comparecencia ante una comisión del Parlamento de Galicia, Dolader, que acudió a responder una serie de preguntas técnicas para la elaboración de la futura legislación reguladora del mercado y ayudar a personas con dificultades para hacer frente a las facturas, indicó que los impuestos, otros gravámenes y decisiones políticas afectan a dos tercios del precio final.
Apuntó que el mercado español forma parte de un espacio europeo libre, aunque en la práctica está marcado por zonas geográficas como la Península Ibérica, y se reparte entre generadores de energía, transportadores, distribuidores y comercializadores.
Señaló que los generadores son los que mayor riesgo asumen y, por lo tanto, lo que primero cobran, frente a los otros intermediarios, y precisó que en España hay cinco grandes distribuidoras pero también otras doscientas más pequeñas.
Dolader indicó que las competencias en materia de energía son del Gobierno central y destacó que las comunidades autónomas solo tienen capacidad en materia de calidad del servicio o resolución de conflictos sobre comercialización, pero nada más.
"España está muy centralizada", comentó el experto que en respuesta a algunas preguntas de diputados del Parlamento de Galicia sobre el margen de jurisdicción y afirmó que "si no hay cultura de regulador independiente como va a haber cultura de ceder -competencia- a las autonomías".
Destacó que en otros países europeos hay organismos de regulación independiente del mercado de la energía, pero consideró que España no tiene intención alguna en ese sentido, como tampoco de "trocear" la factura en función de las comunidades autónomas, como pretenden algunas formaciones minoritarias.
"Ningún partido estatal querrá fragmentar la tarta en 17 porque aparecerían, no diré vergüenzas, pero sí cosas", dijo el experto, quien consideró que ello llevaría a "rentabilidades distintas".
Dolader opinó que el mercado español está bastante regulado y "absolutamente tasado" con unos ingresos de unos 40.000 a 50.000 millones de euros anuales que revierten en una "bolsa común" de la que se reparte en función de los riesgos, pero que ha llevado a un "déficit tarifario" de unos 30.000 millones de euros que deberán ser abonados en los próximos años.
Apuntó que el denominado "bono social", destinado a financiar a las personas con dificultades para abonar la factura, que forma parte del proyecto de normativa del Gobierno central, "da un rol importante a las comunidades autónomas", hasta el punto de que si esas instituciones "pagan el 50% no se le puede cortar" el suministro a los abonados.
Sin embargo, señaló que "la pobreza energética es una pobreza más", opinó que hay riesgo de que los distribuidores presenten recurso ante los tribunales o repercutan el precio en los demás consumidores, y observó que el texto perfila la figura del "consumidor vulnerable", pero lamentó que los "kilovatios hora subsidiados" son "muy bajos".
Así, precisó que los 3.600 kilovatios hora al año previstos de ayuda suponen lo que "una nevera de una familia numerosa consume".
Dolader consideró que la Unión Europea ha contribuido a favorecer en España una liberalización de la comercialización a los consumidores, pero abogó por una mayor "madurez" para prepararse para el futuro de la energía.
En ese sentido, indicó que "todos los países están yendo hacia el autoconsumo" e invitó a las autoridades a "dejar libertad para que se jueguen el dinero y puedan poner su propia placa fotovoltáica como ha se hecho en Alemania" y otros países, porque eso permitiría "hacer madurar al consumidor".
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