La Comisión Europea (CE) ha recomendado suspender durante tres años, hasta 2030, las sanciones previstas a los importadores de gas y petróleo por incumplir las obligaciones que recoge el reglamento del metano, el primer marco de la UE para medir, notificar y verificar las emisiones de este gas.
El Ejecutivo comunitario justifica su decisión por la necesidad de garantizar la seguridad de suministro en el contexto actual, marcado por la guerra en Oriente Medio y el cierre del Estrecho de Ormuz, pero también señala que "la mayoría" de los Estados miembros no tienen preparado su régimen de sanciones y esto impide a la industria conocer fielmente las consecuencias de incumplir la ley.
El reglamento europeo del metano fue aprobado en 2024 y ha generado desde entonces muchas críticas por parte de los principales suministradores de gas a la UE, como Estados Unidos, Qatar, Nigeria y Argelia, países que en una carta advirtieron de que el reglamento pone en riesgo la importación de gas.
Además, la aplicación de los requisitos a proveedores extranjeros ha generado preocupación entre parte de la industria energética y varios gobiernos como Italia, Alemania, Polonia o Eslovenia.
La ley de metano
Con este contexto, la Comisión Europea ha publicado este lunes dos documentos con recomendaciones para los Estados miembros y en una de ellas insta a "suspender la aplicación de las sanciones por incumplimiento durante tres años" desde la entrada en vigor de la normativa, es decir, en 2027, 2028 y 2029.
Esta medida, según Bruselas, "dará a los importadores el tiempo necesario para avanzar en el cumplimiento del reglamento europeo del metano a la vez que se asegura la seguridad de suministro en un contexto de escasez en los mercados energéticos globales causados por el bloqueo en marcha del Estrecho de Ormuz y el conflicto de Oriente Medio".
No obstante, el Ejecutivo comunitario señala que "todas las obligaciones que derivan" de dicha ley "se seguirán aplicando", por lo que los importadores de gas tendrán que seguir evaluando y verificando la procedencia del gas y petróleo que compran con respecto a las emisiones de metano asociadas.
En la segunda recomendación, Bruselas busca dar "certeza y claridad" a importadores de petróleo y gas y a los propios Estados miembros sobre la forma de demostrar "de manera sencilla" el cumplimiento de las obligaciones del reglamento, que entra en vigor el 1 de enero.









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