La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra siete empresas del sector de combustibles sólidos que podrían haber realizado acuerdos de reparto del mercado, y de fijación de precios e intercambio de información comercial sensible en el mercado, informó el regulador.
La conducta se habría producido en el mercado de la comercialización de coque metalúrgico, coque de petróleo, hulla, antracita, espumantes y recarburantes en el territorio nacional desde al menos 1999 hasta al menos 2018.
Dichos productos son diferentes tipos de combustibles sólidos utilizados en diversas actividades económicas, en general como fuente de energía o como insumo para la producción de otros bienes.
En concreto se trata de Toro y Betolaza S.A., Félix de Inchaurraga S.L., García Munté Energía S.L., Grafitos Barco S.A., Candel Energía S.L., Cementos Tudela Veguín S.A. y Capex CGC S.L.
Estas empresas habrían cometido infracciones recogidas en el artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), así como del artículo 101 del Tratado para el Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Desde el pasado mes de octubre, la CNMC ha realizado inspecciones en las sedes de distintas empresas ante la sospecha de la existencia de posibles prácticas anticompetitivas, prohibidas por las citadas Leyes de Defensa de la Competencia. En función de la información recabada, el organismo ha incoado este expediente sancionador.
La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.
La lucha contra los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados, según recuerda el organismo.
Para ello, cuenta, entre otros instrumentos, con el Programa de clemencia, que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección.
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