La Comisión ofrece “máxima flexibilidad” ante la revuelta contra la norma europea del metano

La Comisión Europea intenta contener la creciente revuelta política y empresarial contra el reglamento europeo del metano de 2024, una de las piezas legislativas clave del Pacto Verde. En un documento enviado a los Estados miembros el 10 de diciembre, el Ejecutivo comunitario asegura estar dispuesto a aplicar una interpretación flexible de las nuevas obligaciones para los importadores de petróleo, gas y carbón, con el objetivo de evitar que la norma sea reabierta y descarrile en un momento de elevada tensión energética.

La ofensiva contra el reglamento ha ido en aumento en las últimas semanas. Varios gobiernos europeos sostienen que los requisitos de medición, notificación y verificación (MRV) aplicables a partir de 2027 pueden poner en riesgo el suministro energético. Las grandes compañías del gas, el petróleo y el carbón alertan de cargas administrativas excesivas y posibles sanciones. Y actores externos, como Estados Unidos y Catar —principales exportadores de gas a Europa—, han sugerido que las nuevas exigencias podrían complicar el comercio con la UE.

Amplio margen

Frente a este clima, la Comisión mantiene la defensa del reglamento, pero al mismo tiempo abre la puerta a importantes adaptaciones y/o ajustes. En este mismo documento, afirma que el texto es “abierto a diferentes soluciones de conformidad” y que los Estados miembros conservarán un amplio margen para definir sus propios regímenes sancionadores, modulándolos cuando la seguridad energética pueda verse comprometida. “La Comisión hace todo por evitar reabrir el reglamento del metano. Eso implica, en contraprestación, una flexibilidad muy grande en su aplicación” señala un analista a este medio.

El núcleo del conflicto reside en la obligación, a partir de 2027, de demostrar que los combustibles fósiles importados proceden de producciones sometidas a controles de emisiones equivalentes a los europeos. Desde 2028, además, los importadores deberán declarar la intensidad total de metano asociada a cada suministro. Para los detractores, el nivel de trazabilidad exigido es prácticamente imposible de garantizar, especialmente en mercados donde los volúmenes se mezclan y redirigen continuamente.

Para responder a estas inquietudes, la Comisión detalla en el documento enviado varios mecanismos destinados a simplificar el denominado "reporting" y reducir la carga sobre empresas y administraciones. En un documento técnico complementario, señala que no exigirá probar el origen físico de las moléculas que llegan al mercado europeo, eliminando así uno de los requisitos más controvertidos.

Opciones

La primera de las opciones planteadas es un sistema de certificación por cuencas de producción. Las empresas podrían demostrar la conformidad mediante certificados que acrediten que un volumen equivalente al importado cumple las normas europeas, sin necesidad de vincular cada cargamento a un productor concreto. La segunda alternativa, denominada “trace-and-claim”, permitiría reconstruir las emisiones asociadas a través de los flujos contractuales de toda la cadena de suministro, sin necesidad de un seguimiento físico detallado.

Estas vías de flexibilización empiezan a encontrar eco en algunas capitales. En un borrador que circula entre los Estados miembros, Polonia celebra las “facilidades” ofrecidas por la Comisión y reconoce que ya se han encontrado soluciones para demostrar el cumplimiento, mostrando un interés especial por la posibilidad de suspender temporalmente las penalidades en caso necesario. El texto podría recibir el apoyo de otros socios antes del Consejo de Energía del 15 de diciembre, donde los ministros debatirán la aplicación del reglamento.