La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central la realización de una auditoría independiente sobre las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) concedidas a proyectos de macroplantas fotovoltaicas. Así lo ha trasladado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en una carta remitida a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.
En ella, ha expresado la “creciente preocupación del Ejecutivo autonómico ante las graves sospechas de prácticas corruptas en la concesión de estas declaraciones de impacto que estamos conociendo en las últimas fechas”. El objetivo, tal y como ha indicado Novillo, es que se verifique que estas DIA, cuya competencia corresponde a la Administración General del Estado, se han tramitado con el rigor técnico exigible.
En la región se han aprobado un total de 53, que suponen 10.490 hectáreas. La misiva subraya el compromiso de la Comunidad de Madrid con la transición energética, pero advierte de que “debe realizarse con criterios de equilibrio, rigor y adecuada ordenación del territorio”. En este contexto, el consejero insiste en que el despliegue de las energías renovables debe ser compatible con la protección del medio ambiente y de sectores estratégicos, como la agricultura.
Además, advierte de los posibles efectos sobre suelos de alto valor productivo, especialmente el olivar y viñedo, cuya conservación resulta clave desde el punto de vista económico, ambiental y cultural. De igual modo, alerta de que algunas de las DIA ya concedidas podrían presentar deficiencias relevantes en su tramitación, según informaciones recientes, lo que podría comprometer tanto la protección del entorno como la seguridad jurídica de las inversiones.
Las plantas fotovoltaicas
El escrito también pone de manifiesto que, en la tramitación de estos proyectos, se habría alterado el orden lógico del procedimiento, al haberse emitido las DIA con anterioridad a la planificación estratégica del territorio. Para el consejero, “resulta imprescindible corregir este modelo para evitar una ocupación desordenada del suelo”.
En este sentido, el Ejecutivo madrileño solicita la realización urgente de un análisis acumulativo de carácter territorial que permita evaluar el impacto conjunto de las grandes instalaciones fotovoltaicas sobre la biodiversidad, el paisaje, el suelo y las infraestructuras.
Entre las medidas planteadas, el Gobierno regional reclama que las comunidades autónomas dispongan de un informe territorial vinculante en los proyectos cuya evaluación ambiental corresponde al Estado, especialmente en lo relativo a la protección del suelo agrario y la compatibilidad urbanística.
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios