Antes de la entrada en vigor de la nueva fase del régimen de derechos de emisiones en Europa, prevista para principios de 2021, Jesús Abadia, consultor en cambio climático y sostenibilidad, analiza para la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam) el funcionamiento del mercado de derechos. Los objetivos climáticos de la Unión Europea, cada vez más ambiciosos, y las consecuencias que ha supuesto la inesperada pandemia de COVID-19 son nuevos retos para el funcionamiento de este sistema de compensación.
En 2018, y tras un largo proceso de negociación, la Unión Europea aprobó la nueva Directiva de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (EU ETS). La directiva nació en 2005 con el objetivo de ir reduciendo las emisiones de CO2 a lo largo del tiempo para cumplir con los compromisos climáticos internacionales, pero las crisis económicas y políticas han complicado su funcionamiento y han obligado a introducir modificaciones para adaptarla a la realidad de cada momento. Desde la óptica ambiental, el objetivo climático de la UE se ha ido cumpliendo, no tanto debido a la normativa sino a otros factores añadidos: la reducción derivada de las crisis, el incremento de importaciones de países no comunitarios o la implementación de otras leyes que persiguen el mismo objetivo.
Este informe analiza la evolución de las emisiones y los derechos asociados, en los últimos años y por sectores. Y compara esos datos con los retos que se derivarán de la nueva directiva, vinculada de manera clara con el Pacto Verde Europeo, que establece el objetivo de la neutralidad de carbono en 2050.
Así, para 2030 Europa se enfrenta a nuevos retos que pueden variar significativamente el mercado de emisiones. Por un lado, se incorporan sectores como el transporte marítimo, el transporte por carretera y edificación, que podrían hacer que se duplicase el volumen actual de derechos. Por otro, los países comunitarios incluyen objetivos nacionales de energías renovables y eficiencia energética en sus Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima. Sin olvidar la crisis del COVID-19, que ha paralizado la actividad económica y ha reducido significativamente el consumo energético.
Principales conclusiones del informe
Aunque el EU ETS se ha ido reformando para adaptar la normativa a los nuevos retos, las negociaciones políticas le han restado la agilidad necesaria para adaptarse a las variaciones de las emisiones verificadas que ocasionó la crisis económica de 2008.
Los ajustes posteriores, destinados a regular e intervenir el mercado (como el caso de la Reserva de Estabilidad (REM)), han empezado a producir resultados notables, especialmente a partir de 2018. Así se desprende de los datos más recientes publicados por la Comisión Europea en el segundo trimestre de este año.
El comportamiento de las emisiones ha sido muy desigual entre distintos sectores del EU ETS. La mayor reducción de las emisiones la ha propiciado la generación eléctrica, con una disminución del 29% en los seis años del periodo. En cambio, los sectores industriales mantuvieron casi estables sus emisiones globales, con una reducción del 2%.
A pesar de que en 2019 el EU ETS terminó con un 33% de reducción de emisiones con respecto a 2005, mucho más allá del objetivo del 21% en 2020, solo al final de la década se han producido transformaciones relevantes, principalmente en generación de energía por el desplazamiento de carbón por gas y renovables, empujadas por una combinación de precios bajos del gas y elevados del CO2, que comenzó en 2018 y que ha superado el umbral de 30€/t en julio de 2020.
El EU ETS ha mostrado en buena parte de la fase 3 excesiva rigidez y falta de capacidad para reducir los desequilibrios estructurales de la oferta y demanda de derechos, heredados de la reducción de la demanda ocasionada por la crisis de 2008/2009 en la fase 2. Como consecuencia de la sobreoferta, el precio del derecho se mantuvo hasta 2018 por debajo de 10€/t, muy inferior a los costes marginales de abatimiento de la industria y de la generación de energía, pareciéndose más a un impuesto recaudatorio que a un instrumento transformador hacia tecnologías de bajo o nulo carbono.
La situación cambió con la aprobación del mecanismo de reserva de estabilidad de mercado que entró en vigor en 2019 y con la modificación de la directiva EU ETS que reduce los derechos disponibles anualmente más rápidamente que en la fase 2 para adaptarlos al objetivo de 2030, reduce la asignación gratuita con menos sectores en riesgo de fuga de carbono y actualizaciones del benchmark sectorial y del nivel de actividad de las instalaciones, para ajustar las asignaciones gratuitas a las mejoras tecnológicas, entre otras modificaciones.
Sin embargo, la directiva reformada no garantiza que en la fase 4 no se repitan los errores de desequilibrio de las fases anteriores. Los compromisos climáticos de los Estados miembros derivados del Acuerdo de París, el Pacto Verde Europeo con la revisión del objetivo de 2030, el camino hacia la neutralidad de carbono en 2050, el abandono de la generación con carbón, la protección de la competitividad con ajustes de carbono en frontera, el solapamiento de políticas ambientales y más recientemente el impacto de COVID-19, son elementos que requerirán ajustes finos de la directiva y del mecanismo REM para que el EU ETS no vuelva a ser, lastrado por un exceso de oferta de derechos, irrelevante, sino que sea el elemento impulsor de las tecnologías de cero emisiones que la situación de emergencia climática requiere.
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