La credibilidad de la reforma energética

Desde el inicio de la cascada normativa de la reforma energética, en enero de 2012, hasta este verano, las opiniones del Ministerio de Industria sobre el déficit de la tarifa eléctrica han sido contradictorias y cambiantes, como se puede comprobar en las hemerotecas. El único objetivo era acabar con el desequilibrio entre ingresos y costes reconocidos del sistema eléctrico de manera definitiva, como anunció la vicepresidenta del Gobierno en 2013. La realidad es que en 2014, el déficit tarifario ya va por 3.332 millones de euros, con un crecimiento mensual del 24% y superior al de 2013. El ministro de Industria ha dicho que a final de año ese déficit desaparecerá. Lo mismo dijo en 2013 y terminó el año con un déficit de 3.600 millones.

Todas las previsiones de julio han adelantado subidas de la luz, incluso desde el sector eléctrico se ha declarado que no deberían repetirse las bajadas del primer trimestre, mientras el ministro de Industria ha insistido en que la luz bajará en 2014 y que gracias a la reforma los consumidores se han ahorrado 15.000 millones. Lo que no aclara es a dónde ha ido tanto dinero si, como dice la CNMC, el déficit en 2014 sigue creciendo.

La realidad es que el precio de la luz en el mercado mayorista ha subido un 17,8% en el tercer trimestre y que el ministro ha renunciado a reformar la conformación de precios en el mercado mayorista. La solución que se ha adoptado para eliminar el déficit de tarifa en la Ley 24/2013 del sector eléctrico, en el RDL 8/2014, que incluye la reforma gasista, y el RD 413/2014 de recorte a las renovables, consiste en cargar al consumidor los desequilibrios que se produzcan con subidas automáticas de los peajes de la luz y el gas, frenar la producción renovable, recortar su retribución retroactivamente e impedir el acceso de los consumidores a la reducción de sus costes energéticos a través de un peaje al autoconsumo y la subida del término de potencia en el recibo de la luz. Con menos renovables y sin eficiencia energética, la tendencia de los precios en el mercado mayorista será al alza y el déficit desaparece porque se traslada a la factura del cliente.

Garantizar los ingresos del sistema cargando los desequilibrios al consumidor final es el resultado práctico de unas medidas recaudatorias y cortoplacistas que no reforman el sistema eléctrico sino que lo sumen en el riesgo regulatorio. El déficit sigue creciendo y España es líder mundial en litigios en los tribunales de arbitraje.

Sólo este verano, y sin transparencia alguna, se han tomado decisiones que cargan al consumidor más de 6.000 millones de euros: déficit acumulado hasta 2014 de 800 millones de la tarifa del gas y déficits futuros como el de Castor de 1.400 millones, recargo de 164  para pagar el laudo arbitral por subidas del precio del gas argelino, déficit de 3.600 millones de la tarifa eléctrica de 2013, que la Ley 24/2013 cargaba a las eléctricas pero que un nuevo decreto en agosto propone llevar al recibo de la luz, y la no modificación del mercado mayorista que augura futuras subidas de la luz.

La sostenibilidad económica del sistema seguirá siendo un problema, como la falta de credibilidad de la reforma energética.

Javier García Breva es experto en Políticas Energéticas, presidente de N2E y miembro del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía