Greenward Partners, la primera empresa de activación de capital ecológico en España, ha hecho público un manifiesto, al que se han adherido las principales asociaciones del sector de la eficiencia energética en la edificación y en el que se insta a las Administraciones Púbicas a adoptar veinte medidas que permitan aprovechar todo el potencial de la rehabilitación energética de los edificios como motor de la recuperación económica y como herramienta para la lucha contra el cambio climático.
Además de Greenward, el manifiesto, que tiene como lema Rehabilitar el Futuro, cuenta como primeros firmantes con la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE), la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e) y Green Building Council España (GBCe), que aglutinan a medio millar de empresas, asociaciones profesionales y empresariales, centros de investigación, instituciones académicas y centros tecnológicos, entre otros, de toda la cadena de valor del sector de la eficiencia energética en la construcción y rehabilitación de edificios.
Rehabilitar el Futuro propone al Gobierno desarrollar 20 líneas de actuación, encabezadas por el reconocimiento de la eficiencia energética de los edificios como un interés general prioritario en la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 19 de mayo y que ahora comienza su tramitación parlamentaria.
La eficiencia energética es la primera fuente de energía sostenible en el mundo y un 30% de dicho potencial se esconde en los edificios. El parque inmobiliario es uno de los elementos que más contribuyen al calentamiento del planeta y a la contaminación: es responsable del 40% del consumo de energía final y de un tercio de las emisiones de CO2. ****
En España, el 80% de los edificios es ineficiente en términos energéticos (certificación energética E, F o G). Asimismo, más de la mitad del parque edificatorio tiene más de 40 años y es anterior a la introducción de cualquier normativa en materia de aislamiento energético.
La rehabilitación energética de edificios genera de forma inmediata un volumen importante de puestos de trabajo -que, además, no se pueden deslocalizar-, al tiempo que reduce las emisiones y mejora la calidad de vida de los ciudadanos. El plan de rehabilitación anunciado por el Gobierno español antes de la epidemia del coronavirus contemplaba la necesidad de movilizar 45.000 millones de euros en ahorro y eficiencia energética para renovar, entre otras tipologías de inmuebles, 1,2 millones de viviendas y crear entre 42.000 y 80.000 empleos cada año hasta 2030.
De todas las líneas de actuación en la lucha contra el cambio climático, la rehabilitación energética es la que mayor número de puestos de trabajo genera por cada millón de euros invertidos (entre 24 y 27 empleos creados y mantenidos al año, según la CEOE).
Por su parte, la primera prioridad de la política de recuperación económica de la Unión Europea es lo que la Comisión Europea ha llamado una “oleada de renovación inmobiliaria”, con un presupuesto de inversión anual de 250.000 millones de euros, que será cubierto en una quinta parte con financiación pública a través de fondos estructurales y del Banco Europeo de Inversiones, y el resto, supuestamente con financiación privada.
“España cuenta con la voluntad política, la tecnología, el tejido empresarial y los recursos privados para cubrir las necesidades de financiación que los fondos públicos no pueden cubrir”, señala el manifiesto.
“Tenemos la oportunidad de aprovechar el potencial de la rehabilitación energética para afrontar de forma unida estos dos grandes retos a los que nos enfrentamos: la recuperación económica tras la pandemia y la lucha contra la emergencia climática”, añade.
El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que el Gobierno ha remitido al Congreso de los diputados es “ambicioso en sus objetivos” y eleva hasta un mínimo del 35% el ahorro en el consumo de energías primarias que se tiene que producir por la aplicación de medidas de mejora de la eficiencia (con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria).
“Desde Rehabilitar el Futuro, aplaudimos la firme decisión con la que las administraciones públicas están situando la lucha contra el cambio climático en el centro de sus políticas. Una vez establecidos los objetivos, es necesario el desarrollo de las políticas e instrumentos efectivos que permitan alcanzarlos. Es hora de pasar de la emergencia climática a la emergencia legislativa; de las palabras y compromisos, a los hechos y los medios”, afirma el comunicado.
Además del citado reconocimiento del carácter de interés general de la mejora de la eficiencia energética, las propuestas de Rehabilitar el Futuro incluyen medidas fiscales, administrativas, financieras y de certificación y seguimiento, entre otras, en un marco de colaboración público-privada, con el objetivo de maximizar la contribución de la rehabilitación energética a la recuperación económica y a la lucha contra el cambio climático, con el mínimo impacto en las cuentas públicas, y favoreciendo los esquemas de autofinanciación a través de los ahorros energéticos.
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