La escandalosa indemnización por el almacén Castor llega a Bruselas

Tres entidades industriales y empresariales han presentado una denuncia ante la Comisión Europea (CE) en contra del pago de los 1.350 millones de euros de indemnización por el almacén Castor porque, a su juicio, "altera la competitividad" y es "discriminatoria".

El presidente de la patronal Cecot, Antoni Abad, junto con los dirigentes del Consejo Intertextil Español, Alejandro Laquidain, y del Centro Metalúrgico, Carles Garriga; así como la abogada y coordinadora del equipo jurídico, Asun Cirera, han explicado hoy en rueda de prensa el contenido de la denuncia presentada.

Abad ha señalado que se sienten legitimados para interponer esta demanda "por la legislación y por todo el tejido empresarial de Cataluña y España", y ha añadido que "las ayudas de Estado representan una alteración a la competitividad" y "no deberían ser admitidas".

Los impulsores de la iniciativa creen que se cumplen todas las condiciones para que la demanda prospere en Bruselas, ya que la indemnización por el almacén Castor constituye una ventaja, es una medida selectiva, afecta a la competencia y no es compatible con el Mercado Único, entre otros factores.

En este sentido, Asun Cirera ha comentado que "es cierto que el pago de la indemnización se hace a través de Enagás", pero porque "lo ordena el Estado en base a una norma jurídica".

Además, ha añadido la abogada, "recibir 1.300 millones mejora la posición financiera de cualquier empresa, indudablemente".

"El refuerzo económico coloca a ESCAL UGS -la concesionaria del almacén de gas, participada por ACS en un 66,67 %- en posición de fuerza", ha subrayado Cirera, que ha recordado que "se trata de una empresa con un 80 % de comercio exterior y con una presencia importante en Europa".

La experta ha agregado que a veces "hay determinadas medidas que se pueden tomar si el interés es prioritario", pero que en este caso "no hay ningún motivo que lo justifique".

El presidente del Centro Metalúrgico, Carles Garriga, ha advertido además que si la denuncia no prospera y la indemnización se hace efectiva, ello repercutirá en un aumento del 4,5 % de la factura del gas para los consumidores españoles.

Estas cuatro entidades empresariales comunicaron ayer al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, la interposición de la denuncia.

En julio del pasado año, ESCAL UGS presentó un escrito de renuncia a la concesión de explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, proyecto paralizado por el Ministerio de Industria en septiembre de 2013 tras los seísmos detectados frente a la costa de Tarragona y Castellón.

En octubre de 2014, el Gobierno aceptó en un real decreto-ley la renuncia a la concesión y fijó una indemnización para la compañía de 1.350,7 millones, cantidad que se cargará al recibo del gas durante 30 años.