Todo empezó en diciembre de 2010 cuando el Gobierno de Zapatero metió el tijeretazo a las renovables, sobre todo a la fotovoltaica. Desde ese momento, los distintos Gobiernos (PSOE y PP) tienen al enemigo público número uno en el sector fotovoltaico. La cantidad de demandas contra la regulación eléctrica de ambos ejecutivos es de tal calibre que los juzgados de media España están colapsados de tanto pleito.
Planta fotovoltaica de Gestamp Solar en Almería. FOTO: Gestamp.
Los últimos que llegarán serán los 27 perjudicados por la última decisión del Gobierno de no pagar las compensaciones a inversores fotovoltaicos. El Consejo de Ministros del pasado viernes desestimó la petición de 27 inversores de una indemnización de 68 millones. Ante la negativa del Gobierno, estos 27 productores fotovoltaicos en España darán un paso más y judicializarán esta decisión. Recurrirán ante el Tribunal Supremo los decretos por los que se vieron perjudicados.
Se trata de un capítulo más de la batalla judicial de las renovables contra el Gobierno. Que se judicialice prácticamente toda la regulación eléctrica de los últimos cuatro años es un síntoma muy negativo y la imagen es penosa para el sector. Los inversores huyen (véase el caso de las alemanas RWE y EON) y eso puede producir una ola de salida de dinero dentro del sector. Y España no se puede permitir esto.
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Juan Manuel
04/09/2014