La gran industria electrointensiva quiere dejar de pagar varios 'costes políticos' del sistema eléctrico

Antes de que finalice la legislatura, el Gobierno se ha comprometido con la industria electrointensiva a aprobar por Real Decreto su Estatuto para el consumo eléctrico. Una reclamación que llevaba tiempo pidiendo el sector por su pérdida de competitividad respecto a sus homólogos francés y alemán. En numerosas ocasiones han puesto una cifra al coste que tendría que suponer la energía, 42 €/MWh, que se acerca bastante a lo que pagan en esos países.

"Nuestras demandas no tienen otro objetivo que participar en el mercado con las mismas reglas de juego que el resto de países europeos" explican fuentes del sector, "que además han adoptado una normativa comunitaria que ya existe, y no solo hablamos de Alemania o Francia, sino también de Italia, Reino Unido, los países nórdicos u otros países del Este".

Por eso, consideran imprescindible la creación de un Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que se encuentra en fase de propuestas y ya hay algunas encima de la mesa. "Lo primero que queremos es que se deje claro quién puede ser consumidor electrointensivo, queremos evitar que empresas que ya han dicho en el pasado que se quieren ir de España o las que tienen pensado irse en breve puedan participar de este estatuto", añaden, "y que se amplíe a industrias con un alto nivel de consumo energético, como por ejemplo la del papel, que además son netamente nacionales o europeas, y por tanto es más difícil que se deslocalicen".

Retribución a las renovables

Además de este concepto, "queremos que la factura eléctrica desglose qué parte va para retribución a las renovables, porque ahora está todo incluido en un totum revolutum y consideramos que esa parte no la deberían asumir los electrointensivos, y luego entendemos que se podría incluir ciertas exenciones de peajes, como ocurre en Francia o Alemania".

"Los costes del sistema son 17.000 millones de euros, de los cuales 7.000 se destinan a la retribución de transporte y distribución, y si alguien no los paga y tampoco se sacan de la tarifa eléctrica, al final tendrán que pagarlo los demás. De hecho hay partidas por las que pagan ya menos, por ejemplo, los costes de electricidad se reparten en función de la energía consumida en el contador más las pérdidas. Mientas que las pérdidas domésticas rondan el 18% el industrial de tarifa 6.4 no llega al 2%", explica el experto Joaquín Giráldez de la consultora Ingebau, "pero es cierto que la separación entre cargos del sistema y peajes se hizo durante el mandato del ex ministro Soria. Los peajes son aquellos costes del sistema para pagar la distribución y el transporte mientras que los cargos sirven para pagar todas las políticas energéticas, es decir, las primas a las renovables, la principal partida, una cantidad para el déficit de tarifa, los costes extrapeninsulares, pagos por capacidad, interrumpibilidad, etc.. Esta separación no se produce en los ingresos del sistema, pero cuando la CNMC hace el reparto de costes en sus liquidaciones sí se ve desglosada".

https://elperiodicodelaenergia.com/las-perdidas-de-electricidad-o-como-el-consumidor-domestico-se-lleva-la-peor-parte-de-este-injusto-reparto-de-costes/

Interrumpibilidad

Otra de las cuestiones que le preocupan al sector electrointensivo es la subasta de interrumpibilidad. "No se entiende que de los 700 millones que se ingresan a través de la factura para interrumpibilidad finalmente se empleen 300 millones para ese fin", detallan las fuentes del sector, "nuestra propuesta es que, o bien se utilice ese dinero para la industria o que se ajuste a lo que realmente se subasta, porque ¿a dónde van a parar esos 400 millones restantes?"

"Efectivamente ese desajuste se debería solucionar", valora por su parte Giráldez, "de hecho esos 700 millones van a ingresos del sistema y el excedente se usa para cuadrar las cuentas. Si se ajustan los ingresos de interrumpibilidad a sus pagos (igual que ocurre con los pagos por capacidad) volveremos a una senda de déficit después de unos cuantos años de superávit. Este gobierno confía en aumentar los ingresos por las subastas del CO2 pero si según nuestros cálculos en 2018 han conseguido 1.100 millones, y deben pagarse 750 millones por déficit, supone que se ha guardado 350 millones para otros asuntos, así que se acrecentaría el problema del déficit de tarifa".

"En mi opinión, se debería eliminar esa partida de la tarifa al igual que los pagos por capacidad. La interrumpiblidad nunca se ha aplicado hasta que ha sido un escándalo, pero una solución sería que las electrointensivas participen en los servicios de ajuste. Eso sería una manera de competir en igualdad de condiciones con los generadores y no supondría un coste para el consumidor final", concluye el responsable de la consultora Ingebau.

Costes extrapeninsulares

Otra de las propuestas que propone la industria es que los costes extrapeninsulares, que desde hace poco se recaudan al 50% a través de la factura y el otro 50% por Presupuestos Generales, provengan en el 100% de los PGE. "Estoy al cien por cien de acuerdo", reconoce Giráldez, "es cierto que por cohesión territorial todos los españoles tenemos que pagar el mismo precio por la electricidad pero ¿a que no tiene sentido que cada español que viaje en avión pague más por volar porque está subvencionando los viajes de los canarios a la península? Entonces lo mismo se debería entender con la factura de la luz".

PPAs

Por último, como el objetivo de la industria es conseguir unos costes energéticos viables, los PPAs son una opción interesante, pero la realidad es que cuesta mucho que comprador y vendedor lleguen a buen puerto. "Si no nos proponen un buen precio al MWh, no nos interesa y a ellos tampoco les interesa vender muy por debajo de lo que pueden obtener por su energía en el mercado", explican las fuentes del sector. Por eso, proponen que el Estado ofrezca una protección que les facilite la firmar de esos acuerdos a precios competitivos.

"Básicamente el problema que tienen los PPAs es que se piden avales muy elevados. Casi a veces se le piden 'escamas de dragón' para firmarlos", explica Joaquín Giráldez, "por eso es una buena solución que la Administración ponga los medios adecuados para facilitarlos. Una posibilidad sería que se concedieran créditos ICO para poner los avales. Además esta medida no tendría ningún coste para nadie".