Ningún comentario La modernización de las redes de distribución eléctricas, clave para integrar energías renovables, vehículos eléctricos y nuevas demandas de electrificación, avanza en Europa a gran velocidad. Sin embargo, España continúa rezagada por un marco regulatorio inestable que, según advierten asociaciones europeas de operadores de red, está frenando la inversión y poniendo en riesgo la transición energética.
El informe conjunto de E.DSO y GEODE sobre los marcos regulatorios de siete países europeos sitúa a España entre los entornos más inciertos para los distribuidores eléctricos, debido a retrasos administrativos, metodologías de remuneración sin definir y cambios normativos ex post que minan la confianza inversora.
Un sistema con bloqueos: inversiones sin aprobar y retribución sin publicar
El documento denuncia que España arrastra inversiones de 2023–2025 aún pendientes de aprobación, mientras que la remuneración de los distribuidores desde 2023 “todavía no se ha publicado”, un retraso que genera un vacío económico y operativo para las empresas que gestionan la red.
A ello se suma la práctica de realizar inspecciones ex post sin criterios predefinidos, lo que produce “inconsistencias procedimentales” y aplaza aún más la recuperación de costes por inversiones ejecutadas, según el análisis. Este esquema es señalado como un factor clave de inseguridad jurídica: las empresas desconocen qué gastos serán finalmente reconocidos ni cuándo podrán recuperarlos.
Un marco de retribución que no acompaña las necesidades reales
España mantiene topes de inversión ligados al PIB —0,13% para distribución— que, según el informe, actúan como un freno directo a la expansión de la red, pese a que los planes nacionales de energía y clima exigen más de 53.000 millones de euros en la próxima década.
El Gobierno estudia elevar en un 60% el nivel medio de inversión para 2026–2030, pero la propuesta condiciona el aumento a que al menos un 15% se destine a proyectos anticipatorios. A falta de una definición regulatoria clara sobre qué se considera “inversión anticipatoria”, los operadores temen que la medida se convierta en otra traba burocrática en lugar de un incentivo real.
Además, el esquema de retribución actual incorpora un retorno del 5,58%, considerado insuficiente para atraer capital en un contexto de tipos altos. La propuesta de elevarlo al 6,58% para 2026–2031 sigue situando a España por debajo de estándares internacionales, lo que, según el informe, puede desincentivar aún más la inversión privada.
El marco español también es señalado por recortar OPEX reconocidos, lo que podría provocar una reducción sustancial de ingresos operativos en el próximo periodo regulatorio. En paralelo, muchos gastos asociados a digitalización, automatización o nuevos servicios exigidos por la transición energética no se incorporan a la retribución, pese a ser indispensables para cumplir con los objetivos europeos.
El informe advierte de que esta combinación —costes crecientes, ingresos decrecientes y demoras en la recuperación de inversiones— está debilitando la liquidez de las empresas distribuidoras, limitando su capacidad para asumir los volúmenes de inversión que España necesita con urgencia.
Un retraso que afecta a consumidores y a la transición energética
La falta de seguridad regulatoria no solo afecta a los operadores: retrasa la integración de renovables, encarece el acceso a la red y frena nuevas conexiones de autoconsumo o movilidad eléctrica. Según el análisis, la ausencia en España de un marco claro para inversiones anticipatorias y la falta de alineamiento entre planificación y retribución comprometen la capacidad del país para evitar cuellos de botella en la red y avanzar hacia los objetivos climáticos de 2030 y 2050.
Mientras países como Italia y Austria destacan por su estabilidad regulatoria, ciclos pluri-anuales claros y metodologías transparentes que atraen capital, España aparece en el informe junto a Finlandia como uno de los sistemas donde las decisiones “tardías, imprevisibles o retroactivas” erosionan la confianza y ralentizan la ejecución de proyectos estratégicos.
El estudio concluye que, sin una metodología estable, predecible y alineada con los costes reales, España corre el riesgo de convertir la red de distribución en el “cuello de botella” de su transición energética.
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