La justicia holandesa ejecuta el embargo de la sede del Instituto Cervantes e inicia su venta en subasta para saldar los impagos de las renovables

Los acreedores afectados por el impago de los laudos derivados del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables han certificado la toma de posesión efectiva del inmueble que alberga la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos), en ejecución de las resoluciones dictadas por la justicia neerlandesa dentro del procedimiento de embargo promovido para satisfacer las cantidades adeudadas por el gobierno de España.

Representantes legales de los acreedores se han personado en el inmueble para formalizar los trámites asociados a la ejecución decretada por los tribunales holandeses, dando así un nuevo paso en el proceso de recuperación de activos, que ha sido impulsado ante el reiterado incumplimiento de las obligaciones de pago reconocidas en múltiples resoluciones arbitrales y judiciales internacionales.

La legislación neerlandesa contempla mecanismos especialmente eficaces para la ejecución de créditos reconocidos judicialmente. En este marco, los tribunales pueden otorgar amplias facultades a los representantes encargados de la ejecución, permitiendo la toma de control efectiva de los bienes embargados y facilitando, en su caso, su posterior venta para satisfacer las cantidades adeudadas.

El Gobierno no lo ve así

No obstante, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico subrayaron que España ha iniciado un procedimiento judicial para obtener una resolución judicial que obligue al 'bailiff' funcionario público con autoridad para confiscar bienes reclamados por acreedores que sufren impagos- a levantar el embargo trabado, dado que el laudo que se ejecuta ha sido notificado como Ayuda de Estado a la Comisión Europea y que el Gobierno holandés ha notificado al 'bailiff' de Blasket "su deber de levantar el embargo y cesar inmediatamente toda actuación destinada a la venta de bien".

Asimismo, las mismas fuentes del gabinete dirigido por Sara Aagesen subrayaron que la colocación del cartel en la puerta del edificio "no supone un paso adicional en el eventual procedimiento de venta del inmueble, sino que parece destinado a un fin puramente periodístico sensacionalista".

Enajenación del inmueble

Los acreedores han confirmado que ya se encuentran en marcha los procedimientos orientados a la enajenación del inmueble mediante subasta pública. La propiedad cuenta con una valoración próxima a los 10 millones de euros, derivada tanto de su ubicación en una zona de elevado valor inmobiliario de Utrecht como de las características arquitectónicas y patrimoniales del edificio.

De completarse el proceso de venta, la normativa aplicable prevé la plena disponibilidad del inmueble por parte de sus nuevos titulares, incluyendo la adopción de las medidas necesarias para garantizar la posesión efectiva de la propiedad y su utilización conforme a los derechos reconocidos por las resoluciones judiciales correspondientes.

Los inversores afectados subrayan que siempre han mantenido abierta la vía del diálogo y la negociación con las autoridades españolas. Sin embargo, recuerdan que más de una década después de los recortes retroactivos a las energías renovables continúan sin percibir las compensaciones reconocidas por numerosos tribunales internacionales, circunstancia que ha obligado a recurrir a medidas de ejecución patrimonial en distintas jurisdicciones.

Cascada de derrotas judiciales

La actuación desarrollada en Países Bajos se suma a una creciente presión judicial internacional sobre España. Recientemente, la Administración de Estados Unidos recomendó al Tribunal Supremo estadounidense que rechace la petición presentada por España para revisar las sentencias que reconocen aproximadamente 700 millones de dólares en créditos a favor de distintos acreedores. De confirmarse esta posición, quedarían definitivamente consolidadas varias resoluciones favorables a los inversores en territorio norteamericano.

Asimismo, los acreedores han obtenido importantes victorias judiciales en el Reino Unido, Australia y Singapur, donde los tribunales han reafirmado la obligación de España de cumplir con los laudos arbitrales internacionales. En Bélgica, por su parte, permanecen consignados aproximadamente 250 millones de euros en cuentas judiciales vinculadas a procedimientos de ejecución actualmente en curso.

Los inversores recuerdan que el importe total pendiente de pago supera los 2.315 millones de euros y advierten de que las acciones de recuperación de activos continuarán desarrollándose en aquellas jurisdicciones donde existan mecanismos eficaces para garantizar el cumplimiento de las resoluciones internacionales firmes.