España rechaza una metodología común de la UE para fijar tarifas en el sistema eléctrico

El Gobierno español ha defendido que la futura normativa europea sobre tarifas del sistema eléctrico debería reflejar las diferencias entre países y tener en cuenta las "circunstancias nacionales", al tiempo que rechazó que la Comisión Europea asuma el papel de fijar una metodología común para todo el bloque.

España ha defendido esta postura durante la reunión de ministros de Energía que ha tenido lugar en Luxemburgo, en la que los Veintisiete debatieron una propuesta de reglamento presentada por la Comisión Europea en julio.

Esta normativa, que debe ser negociada y acordada entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo, persigue el objetivo de abaratar las facturas reduciendo los costes del sistema eléctrico y consiguiendo que los impuestos que soporta no sean superiores a los que se aplican sobre los combustibles fósiles.

A la cita iba a acudir la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, pero canceló su participación a raíz del accidente ferroviario en Urda (Toledo).

España y las tarifas del sistema eléctrico

En su lugar, el embajador adjunto de España ante la UE, Oriol Escala, señaló durante el debate que los sistemas eléctricos y de redes "difieren significativamente" entre Estados miembros y, por tanto, las metodologías tarifarias "deben poder reflejar estas diferencias" y permitir su "aplicación opcional y sujeta a las circunstancias nacionales".

"Si las hacemos obligatorias, puede tener consecuencias territoriales no deseadas en zonas despobladas o rurales, puede hacer que usuarios idénticos paguen peajes distintos y distorsionar las decisiones de los consumidores", advirtió.

El representante español afirmó, en la misma línea, que el acceso a la red eléctrica "puede implicar consideraciones estratégicas, económicas y sociales más amplias" y, por ello, los Estados miembros "deben conservar su papel en la definición de las orientaciones generales relacionadas con el acceso a la red, respetando la independencia del regulador".

"España está en contra de que la Comisión fije una estructura común de tarifas para toda la Unión. Una metodología europea no va a reflejar las especificidades del sistema eléctrico en los Estados miembros", remarcó.

En cualquier caso, el diplomático español aseguró que España comparte los "objetivos generales" de la propuesta y que los peajes de acceso a la red "estén diseñados para aunar precios asequibles, descarbonización y competitividad, y para facilitar la electrificación con (energías) renovables".

Así, España aboga por que la introducción de diferentes categorías de usuarios de red debe "evitar distorsiones entre Estados miembros", así como que no debe perjudicar el almacenamiento.

Sobre la fiscalidad, Escala expresó que la propuesta de Bruselas "se alinea con el objetivo de favorecer la electrificación" porque "reequilibra la carga fiscal de la electricidad frente a los combustibles fósiles a los que sustituye".

Precisamente este objetivo que persigue la normativa de conseguir que los impuestos que paga la electricidad no sean superiores a los que gravan a los combustibles fósiles ha sido objetivo de crítica por parte de algunos países.