La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha anunciado que la Orden que regula las ayudas para la pobreza energética entrará en vigor el primer día hábil de enero.
Con la publicación mañana de la orden en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), se cumple el compromiso de la Conselleria de garantizar el derecho al uso de una vivienda digna y al acceso a los suministros básicos de energía y agua potable a las personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, ha destacado.
Las ayudas ascienden a 4 millones de euros en la primera fase que contempla la Orden, de un total de 5,9 millones, y serán 2,5 millones para suministros básicos y de 1,5 para ayudas al alquiler, ha informado la Conselleria.
La Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los municipios, mediante concurrencia competitiva, para evitar el corte de los suministros de energía eléctrica, agua y gas a las familias más vulnerables, así como para contribuir al pago del alquiler de la vivienda a personas que, por haber sido desahuciadas o haberse visto obligadas a ofrecer su vivienda habitual en pago, hayan accedido a un alquiler social y no puedan hacerle frente.
Según la consellera, la Generalitat, por primera vez, va a garantizar el acceso a los suministro básicos de energía y agua potable a los personas y familias en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social.
“Con esta medida -ha añadido- el Gobierno cumple con los ciudadanos con unos presupuestos aprobados para 2016 que ejecutamos desde el minuto cero del nuevo año”.
Además, con la Orden se articula un procedimiento con los ayuntamientos para conseguir ayudas económicas para aquellos hogares con un nivel de renta que no sea capaz de hacer frente a los recibos de luz, agua y gas así como a aquellas personas que no pueden hacer frente al pago de su alquiler y se encuentren en situación de exclusión social.
La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio firmó recientemente acuerdos de colaboración con ENDESA, Gas Natural Fenosa e Iberdrola para evitar los cortes de los suministros de energía eléctrica, agua y gas a familias en riesgo de exclusión social.
A los efectos de poder acogerse a estas ayudas se consideran en riesgo de exclusión social las personas que tengan unos ingresos inferiores a 1,5 IPREM y las unidades familiares o de convivencia con ingresos inferiores a 2 IPREM.
En cuanto a las ayudas para el alquiler social, la cuantía será de hasta 100 euros mensuales durante un periodo máximo de un año, y en ningún caso podrá superar el importe de la renta.
Las ayudas para evitar la pobreza energética será en los casos de corte de suministro eléctrico o de gas de 75 euros por recibo mensual y hasta un máximo de 300 euros por consumidor y año, y en caso de corte de agua potable, hasta 15 euros por recibo mensual y un máximo de 60 euros por consumidor y año. Asimismo podrán ser objeto de ayudas los costes ocasionados para restablecer los suministros en el caso de que se haya producido su corte.
El ayuntamiento pagará directamente a la empresa el importe total de la deuda y si se ha restablecido el suministro, los derechos de reconexión.
Además, comunicará el pago de la deuda a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para tramitar el pago al consistorio de las cantidades que éste haya abonado.