La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicios (Cees) ha calificado de "insulto" y amenaza para el mantenimiento de 60.000 empleos en el sector el informe que emitió la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en favor de las gasolineras desatendidas.
La Cees y la Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio (GES) han señalado en un comunicado conjunto que la CNMC "celebra la destrucción de puestos de trabajo" al ver como "una imposición especialmente injustificada" la obligación que exigen algunas Comunidades Autónomas de contar físicamente con una persona en las estaciones de servicio.
El sector estima que con la postura de la CNMC se ponen en jaque 60.000 puestos de trabajo directo, que "estamos intentando mantener, pese a la ya difícil situación económica que estamos atravesando", afirman en el comunicado.
Por otra parte, denuncian que la ausencia de personal incumple una serie de obligaciones en defensa de los intereses de los consumidores y que son defendidas por la propia CNMC, como la necesidad de "control operativo de los procesos" o la de "formación del personal que manipula productos petrolíferos".
Los representantes del sector señalan que la postura de Competencia no resuelve de "forma inmediata el grave problema" de seguridad física y medioambiental en caso de derrame accidental de combustible, que supone la defensa de la ausencia de trabajadores en las gasolineras.
De hecho, se preguntan cómo deben actuar en caso se produzca un suministro irregular de carburante en envases o cantidades no autorizadas para el transporte o cómo serán atendidas las personas que necesitan la atención de un empleado, en especial los ancianos, embarazadas y personas con discapacidad.
"Podría la CNMC explicar los motivos por los que una máquina de tabaco debe estar supervisada y ser activado su uso por un empleado, mientras que un producto considerado contaminante y peligroso lo puede manipular cualquiera", se cuestionan en el comunicado.
Respecto a las estaciones de cooperativas agrarias, critican que la CNMC entienda por competencia la existencia de ventajas de índole fiscal y laboral en favor de la cooperativas, cuando eso "no es competir en condiciones de igualdad".
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