No hay manera de conocer cuál es la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre el futuro de la central nuclear de Garoña. Desde hace más de un año se anuncia la presentación del informe sobre la renovación de su licencia de explotación pero no termina de llegar.
Y no llega porque el juego está en tablas. Por un lado, el presidente del CSN, Fernando Marti, ya dijo en el Congreso que "se considera conditio sine qua non para la emisión del informe preceptivo del consejo, el cumplimiento de los requisitos de [la] ITC 14.01, así como la implantación de las modificaciones de diseño mencionadas anteriormente". Unos requisitos que no se cumplen porque las eléctricas propietarias de Nuclenor (Iberdrola y Endesa) no han invertido lo que se le requiere. Algunos cálculos señalan que se necesitarían entre 120 y 160 millones de euros para ponerla al día. Pero claro, invertir ese dinero para que luego no se reabra sería tirar el dinero.
La tercera pieza de este puzzle es el Gobierno, que no se pronunciará hasta que tenga en su poder el informe del CSN.
"Mientras esté la 'patata caliente' en el CSN, el Gobierno no está obligado a tomar ninguna decisión, porque se descuenta que el informe va a ser favorable", explica Carlos Bravo, consultor medioambiental y experto en energía nuclear, "pero como el Gobierno está en minoría parlamentaria y Mariano Rajoy ha dejado la sospecha en el aire de nuevas elecciones, su decisión podría tener un coste electoral".
La nuclear más vieja de España lleva 'en barbecho' ya cuatro años, cuando en diciembre de 2012, Nuclenor comunicó su decisión de proceder al cese definitivo de explotación, y pese a que en junio de 2014 se solicitó la renovación de la autorización de explotación hasta 2031, seguirá así bastante tiempo porque el calendario de modificaciones e inversiones que tendrían que haber finalizado en septiembre de 2015 no se ha cumplido.
Las más perjudicadas en este juego de ajedrez son las eléctricas propietarias que ya informaron que Garoña "ha supuesto pérdidas durante 3 años que suman 150 millones de euros porque el sistema nuclear es muy garantista en España, las licencias se conceden durante diez años y durante ese tiempo hay que tener la central en mejores condiciones de las que estaba antes”.
Pero ¿hasta cuándo seguirá la central en este in-pass? "Lo que les interesa a las eléctricas es que Garoña siente el precedente de ampliarse la vida útil de las nucleares hasta los 60 años al menos un mes antes de que lo tenga que solicitar la siguiente central", explica Bravo.
Pues la siguiente en la lista es Almaraz I, en Cáceres. El 1 de mayo de 2020 le vence el permiso de explotación, justo cuando cumpla sus 39 años de funcionamiento, y sus propietarias, Iberdrola, Unión Fenosa y Endesa, deberán solicitar su ampliación con al menos tres años de antelación. Y ya se sabe que quieren, porque la dirección de la planta ha confirmado que solicitará la renovación de la licencia al menos por diez años, lo que significa que este año que está a punto de comenzar deberán presentar la solicitud de autorización.
Almaraz es una central de segunda generación, de 1GW de potencia, que aportó al mix eléctrico 16.072 GWh en 2015, y que se encuentra en perfectas condiciones para continuar funcionando más allá de 2020. Por eso, como el tiempo corre en su contra, quizá pudiera ser que la central de Almaraz sea la que saque del escollo a Garoña e impulse definitivamente a que se tome una decisión.
Paco Micras
20/12/2016