La rebaja del IVA que grava el recibo de la luz supondrá un ahorro para hogares y pymes de unos 650 millones de euros durante este año, según cálculos preliminares de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), mientras que el Gobierno cifra la reducción en 6 euros al mes por usuario.
Para Hacienda, la rebaja fiscal que se aprobará el jueves en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aliviar la factura de la luz de forma inmediata y compensar los altos precios que se registran en el mercado mayorista eléctrico conllevará una caída de la recaudación de entre 900 y 1.100 millones.
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Según ha detallado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, la pérdida recaudatoria será de al menos 500 por la bajada del IVA durante este año y al menos 400 por la supresión durante tres meses del impuesto a la generación (7 %) que pagan las eléctricas.
Sin embargo, y según cálculos preliminares de la AÍReF, la rebaja del IVA tendrá un coste para las arcas públicas de 650 millones de euros en 2021, mientras que la suspensión durante un trimestre del impuesto a la generación detraerá 250 millones.
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Por lo que se refiere a la bajada de la factura, Montero la cifra en más del 10 % para los hogares, al tiempo que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, apunta a unos 6 euros al mes (36 euros hasta final de año) por la bajada del IVA, a lo que se sumaría una reducción de entre el 3 y el 5 % por la suspensión del impuesto de generación.
EL IVA BAJA DEL 21% AL 10%
La reforma rebajará el IVA que grava el recibo de la luz del tipo general (21 %) al reducido (10 %) hasta fin de año para todos los consumidores con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios (kW), siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista esté por encima de los 45 euros por megavatio hora (MWh).
Esta rebaja, que afecta tanto a usuarios a tarifa regulada como a aquellos que contratan su suministro en el mercado libre, se aplicará a todos los consumidores vulnerables con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado.
Queda inalterado el otro impuesto que grava el recibo de la luz con un 5,11 %, denominado impuesto de electricidad.
Además, durante el tercer trimestre se suspenderá el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (7 %), lo que redundará en una bajada de precios en el mercado eléctrico de unos 6 euros por MW/h, pues los operadores dejarán de internalizarlo como coste y, por tanto, de repercutirlo en sus precios.
EL PRECIO DE LA LUZ EN MÁXIMOS HISTÓRICOS
El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista en la primera quincena de junio se ha situado en 81,50 euros MWh, su valor mas alto en un mes de junio desde que hay registros, según la consultoría y asesoría energética ASE.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ve "claramente insuficiente" la reforma, con un impacto de 9,5 euros al mes en la factura de un hogar tipo, mientras que desde Facua han criticado que se "perdone" a las compañías el impuesto a la generación, así como la temporalidad de las medidas.
Desde las patronal de estaciones de servicios, CEEES, han pedido que la rebaja fiscal se extienda también a los carburantes para que las familias dispongan así de más capacidad de gasto.
Por su parte, el director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Fernando Soto, ha aplaudido la suspensión temporal del impuesto a la generación, aunque reclama su eliminación definitiva, puesto que sólo existe en España y lastra la competitividad de las empresas al elevar el precio de la luz.
En declaraciones a Efe, Soto ha explicado que esta medida, que ya se adoptó en 2018, tendrá un impacto en los precios de mercado de unos 6 euros, con lo que el precio del Mw/h se situaría en unos 83 o 84 euros.
Por otra parte, ha confiado en que el Consejo de Ministros de este jueves apruebe también el presupuesto adicional de 100 millones de euros para la compensación de costes de CO2 anunciado la semana pasada por Ribera en el Congreso.
La industria electrointensiva agrupada en AEGE ha reclamado en varias ocasiones al Gobierno que eleve estas ayudas, que buscan que las empresas no deslocalicen producción hacia países menos exigentes en materia medioambiental, hasta los 220 millones de euros, frente 79 millones presupuestados.
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