Hace unos días el ministro de Energía, Álvaro Nadal, pedía a la Comisión Europea que reformara las reglas de contabilidad en eficiencia energética relativas a los edificios públicos. El ministro se refería a uno de los aspectos más destacados de la Directiva Europea 2012/27/UE.
Según la normativa, la Administración Pública tiene que jugar un papel ejemplarizante, y desde el 1 de enero de 2014, está obligada a renovar anualmente, con medidas de eficiencia energética, el 3% de la superficie total de los edificios que tenga en propiedad y que no cumplan con los estándares energéticos mínimos fijados. Hasta ahí todo bien, pero es en la letra pequeña donde surgen los problemas.
La directiva realiza una contabilidad del esfuerzo económico en rehabilitación de edificios públicos como gasto anual, lo que va directamente a sumarse al tan perseguido déficit público, un auténtico caballo de batalla para nuestro país que lleva incumpliendo el objetivo comunitario varios años.
"Como la Directiva europea obligaba a las Administraciones Públicas a contabilizar como gasto anual la rehabilitación energética de un 3% de la superficie de sus edificios, en España no se ha hecho ninguna reforma porque computa como déficit público", explica Javier García Breva, experto y presidente de N2E, "pero probablemente tampoco lo haya hecho ningún país europeo, porque esta normativa desincentiva hacerlo".
"Sin embargo, lo que ha pedido Álvaro Nadal no es nuevo, varios países miembros ya solicitaron hace tiempo ese cambio de criterio contable, pero como se ha enterado que Bruselas lo va a cambiar, quiere apuntarse el tanto y luego decir que ha conseguido influir en las decisiones de la Comisión Europea", añade García Breva.
Lo que se pretende modificar es el concepto de gasto en rehabilitación energética de edificios públicos y convertirlo en un valor económico, es decir, que se considere un ahorro económico y así estimular el sector de la construcción, especialmente para las nuevas licitaciones públicas.
Se aprovechará la aprobación de este cambio contable cuando el Consejo Europeo apruebe el 'paquete de invierno', cuyo borrador fue presentado por la Comisión Europea hace unas semanas. "Como todavía tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo, estaríamos hablando de febrero o marzo, y luego unos meses más para incorporarse a la normativa nacional", puntualiza García Breva.
"Este cambio coincide con un 'paquete de invierno' muy positivo en términos generales, porque apuesta claramente por el autoconsumo, la eficiencia energética y el vehículo eléctrico, lo que va a provocar una caída de la demanda energética y eso va a poner en una complicada tesitura el negocio de las eléctricas, es un torpedo en su línea de flotación", concluye el experto, "y aunque es verdad que en la directiva de Renovables deja hueco al carbón y al gas, una decisión contradictoria y ambigua porque cederá el liderazgo en renovables a China, y que es un mal mensaje los pagos por capacidad o la limitación de la prioridad de despacho, en general el paquete de invierno es un paso adelante", concluye.
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