La transición energética europea avanza a un ritmo que las redes eléctricas no están preparadas para absorber si no se corrigen de forma urgente los incentivos a la inversión. Así lo advierte E.DSO, la asociación que representa a los principales operadores de distribución de electricidad en Europa, en su reacción inicial al nuevo Paquete Europeo de Redes presentado por la Comisión Europea. Aunque el sector valora positivamente los avances regulatorios para acelerar permisos y reconocer la importancia estratégica de las infraestructuras eléctricas, alerta de que el paquete se queda corto en los aspectos clave que permitirían materializar la transición energética sobre el terreno.
Las redes de distribución son el soporte operativo de la electrificación europea. Según las previsiones citadas por E.DSO, alrededor del 70% de la nueva generación renovable y del almacenamiento eléctrico se conectará a las redes de distribución de aquí a 2035. Sin embargo, el paquete legislativo no introduce nuevos mecanismos específicos de financiación ni un marco de incentivos suficientemente ambicioso para movilizar las inversiones masivas que serán necesarias. Para los operadores, reconocer la magnitud de la inversión sin dotarla de herramientas concretas supone un riesgo para los objetivos climáticos, industriales y de seguridad energética de la Unión.
Concesión de permisos
Uno de los principales elementos positivos del Paquete de Redes es la propuesta para acelerar los procedimientos de concesión de permisos. La Comisión plantea plazos máximos de dos años para autorizar infraestructuras de distribución, la presunción de interés público superior para estos proyectos y la posibilidad de aprobación tácita cuando las autoridades no respondan en plazo. E.DSO respalda estas medidas, al considerar que los retrasos administrativos son uno de los mayores cuellos de botella para desplegar redes a tiempo. No obstante, subraya que esta presunción de interés público debería extenderse también a la modernización, repotenciación y operación de redes existentes, y no limitarse a nuevas infraestructuras.
El sector también reclama que la simplificación de evaluaciones ambientales cubra de forma explícita proyectos de digitalización, refuerzo de redes de baja tensión y despliegue de tecnologías inteligentes, elementos esenciales para integrar renovables, electrificación y flexibilidad. A su vez, advierte de que las plataformas digitales para gestionar permisos deben ser interoperables y evitar nuevas cargas administrativas para los operadores.







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