La UCO acude al Miteco para pedir dos contratos públicos que están investigando en el caso Leire Díez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha presentado este viernes en la sede del Ministerio de Transición Ecológica, además de en la sede de Correos y en la del Ministerio de Hacienda, para requerir diversa documentación vinculada a la investigación que mantiene detenida a la exmilitante del PSOE Leire Díez por supuestas irregularidades en procesos de contratación pública.

Según confirmaron fuentes del caso, los agentes también solicitaron expedientes a Patrimonio del Estado y al Tribunal de Recursos Contractuales, dentro de una batería de diligencias ordenadas para avanzar en la causa.

Fuentes del Miteco indican que "agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado esta mañana en la sede del MITECO para solicitar dos expedientes administrativos en el marco de una investigación en curso" y señalan que "no se ha tratado de un registro, sino exclusivamente de una solicitud formal de información". Asimismo, estas mismas fuentes afirman que "el MITECO ha facilitado rápidamente y con total colaboración la documentación requerida" y que "los expedientes aportados fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos".

Estas actuaciones se enmarcan en la investigación que dirige la Audiencia Nacional y que llevó a la detención, el pasado miércoles, de Díez; del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández; y de Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

A la espera de disposición judicial

Todos permanecen en dependencias policiales a la espera de ser puestos a disposición judicial este sábado a partir de las 10.00 horas ante el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, quien deberá decidir si decreta su libertad o el ingreso en prisión provisional tras escuchar su declaración.

Las detenciones, registros y requerimientos documentales forman parte de una operación en curso ejecutada por la UCO bajo mandato del propio juez Piña. La causa, que permanece bajo secreto de sumario, está impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y gira en torno a presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.