La UE quiere destinar el 25% del impuesto al CO2 en frontera a ayudar a la industria

La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa una reforma clave del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) con un doble objetivo: reforzar la lucha contra la fuga de carbono y utilizar parte de los ingresos generados para apoyar a la industria europea en su proceso de descarbonización. En ese marco, Bruselas plantea que hasta el 25% de la recaudación procedente de este gravamen sobre las importaciones más contaminantes se destine a medidas de apoyo al tejido industrial, especialmente en los sectores más expuestos a la competencia internacional.

La iniciativa se articula a través de una propuesta de reglamento que modifica la norma aprobada en 2023 y que regula el CBAM, el instrumento con el que la Unión Europea busca equiparar el precio del carbono que pagan los productores europeos bajo el régimen de comercio de derechos de emisión con el que soportan los bienes importados desde terceros países. El mecanismo, en vigor en fase transitoria desde octubre de 2023, entrará plenamente en funcionamiento en enero de 2026, cuando comenzará a aplicarse de forma progresiva un precio al CO2 incorporado en productos importados como el acero, el aluminio, el cemento, los fertilizantes, el hidrógeno y la electricidad.

Evitar la deslocalización

La Comisión considera que, a medida que se reduzcan las asignaciones gratuitas de derechos de emisión en el sistema europeo, aumentará la presión sobre los costes de la industria comunitaria, no solo en la producción de materias primas básicas, sino también en los productos fabricados más adelante en la cadena de valor. Por ello, la propuesta amplía el ámbito del CBAM a determinados productos transformados intensivos en acero y aluminio, con el fin de evitar que la producción se deslocalice hacia países con normas climáticas menos exigentes.

En paralelo, Bruselas subraya la necesidad de acompañar a la industria europea en esta transición. Según el documento, el CBAM no está concebido como un instrumento recaudatorio, sino como una herramienta climática. Sin embargo, se prevé que genere ingresos crecientes a partir de 2030, a medida que desaparezcan las asignaciones gratuitas del mercado de emisiones y se generalice la compra de certificados de carbono en frontera.

Una parte relevante de esos fondos, en torno a una cuarta parte, podría canalizarse hacia medidas de apoyo a la modernización industrial, la innovación tecnológica y la reducción de emisiones, en línea con el Pacto Verde Europeo y el nuevo Clean Industrial Deal.

Mecanismos contra la elusión y prácticas abusivas

La propuesta también refuerza los mecanismos contra la elusión y las prácticas abusivas, tras detectar durante el periodo transitorio riesgos de infradeclaración de emisiones o de manipulación de las cadenas de suministro para beneficiarse de valores de referencia más bajos. Asimismo, introduce cambios en el tratamiento de las importaciones de electricidad para reflejar mejor el grado de descarbonización real de los países exportadores y no penalizar injustamente la energía procedente de fuentes renovables.

Desde la Comisión se insiste en que el CBAM debe servir no solo para proteger la competitividad europea, sino también para incentivar a terceros países a avanzar en políticas climáticas más ambiciosas. En ese sentido, el Ejecutivo comunitario mantiene su compromiso de apoyar financieramente a los países de renta baja y media, especialmente a los menos desarrollados, para facilitar su adaptación a las nuevas reglas y fomentar la transformación de sus industrias.

La reforma propuesta deberá ahora ser negociada por el Parlamento Europeo y el Consejo.